Resultado de las políticas de austeridad. Reino Unido sale de UE.

Foto: Decisión histórica de Reino Unido con su salida de la Unión Europea (Reuters).

Los habitantes de Reino Unido han votado en favor de la salida de la Unión Europea, una decisión sin precedentes sobre la que ahora habrá que valorar los términos de la ruptura

Ha llegado el día de la independencia. El temido Brexit ha ganado. La tormenta llega a Westminster con un Viernes Negro en la bolsa donde la libra ha caído a niveles no vistos desde 1985. Nadie quiere creerlo aún al otro lado del Canal. La Unión Europea entra en un terreno completamente desconocido. Hasta ahora, no hay precedente de que un estado miembro, y mucho menos del tamaño del Reino Unido, haya abandonado el hoy más que nunca cuestionado proyecto europeo.

Argelia dejó la Comunidad Económica Europea (CEE) cuando se independizó en 1962, los 56.000 residentes de Groenlandia se marcharon en 1985, la colonia caribeña francesa de San Bartolomé salió oficialmente en 2012. Pero ninguno de estos casos se puede comparar con un país de 65 millones de personas que representa la segunda economía del continente.

Cuando se preguntó por primera vez a los británicos si querían unirse a la entonces CEE fue en 1975. Oficialmente, Reino Unido ya se había afiliado dos años antes durante el gobierno conservador de Edward Heath. Pero durante las campañas electorales que siguieron en 1974, el Partido Laborista prometió que la gente debía decidir en las urnas y al ganar los comicios cumplieron su promesa.

Ninguno de los casos anteriores se pueden comparar con un país de 65 millones de personas que representa la segunda economía del continente.

En el plebiscito de 1975, hubo una participación del 65% y el 67,2% del electorado votó a favor de la unión. En la actual consulta, el nivel de participación ha superado el 72%. Los británicos siempre habían considerado su unión con Bruselas como un matrimonio infeliz. Aseguraban, no obstante, que no tan malo para firmar divorcio. Pero se han equivocado.

La pregunta es: ¿y ahora qué? Los resultados del referéndum no activan automáticamente el artículo 50 del Tratado de Lisboa, aquel que se redactó en su día puramente por cuestión formal cuando se planteó qué ocurriría si un estado miembro quisiera abandonar el club.

Para ejecutarlo y comenzar en firme los trámites del divorcio es necesaria, ahora, la notificación formal del Ejecutivo británico. Los asesores de Downing Street consideran que habría que esperar seis semanas para preparar todos los retos que quedan ahora por delante. Son conscientes de que una vez se active la notificación, las negociaciones -en las que Londres no tendrá ni voz ni voto- no podrán extenderse más de dos años, a menos que el resto del estados miembros quieran ampliar el plazo oficial. En definitiva, se trata de un divorcio en el queuna parte solicita la ruptura y la otra fija unilateralmente los términos.

“Una salida sin retorno”

Se baraja también la posibilidad de que durante estos 24 meses, Reino Unido podría en algún momento dar marcha atrás en el hipotético caso que el trato ofrecido por Bruselas sea muy pobre. Ningún artículo en el Tratado de Lisboa impediría que Londres convocara otro plebiscito. Sin embargo, tanto el aún premierDavid Cameron (no se descarta su dimisión en las próximas horas) como Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ya habían advertido que una salida sería “una salida sin retorno“.

De hecho, el incentivo para el resto de estados miembros es no actuar con generosidad. La decisión de abandonar el club ha sido vista por muchos como un acto hostil y desestabilizador.

Los votantes de toda Europa están desilusionados con la UE. Los partidos populistas en Francia, los Países Bajos o Italia miran muy de cerca el proceso. El último mensaje que se quiere lanzar desde Bruselas es que, tras el Brexit, hay una vida mejor.

Durante los 24 meses que estipula el artículo 50 se pone marco legal a la ruptura. Sin embargo, es luego cuando comienzan las negociaciones para establecer cómo queda ahora la relación de Reino Unido con el mercado común. Se trata de un delicado encaje de bolillos que podría alargarse incluso durante una década. Canadá ha tardado siete años y el acuerdo aún no ha entrado en vigor.

Según los datos del Eurostat, la aportación actual del Reino Unido a las arcas comunitarias asciende al 5,8% del total. Se trata de 8 mil millones de libras, una partida que apenas roza el 0,5% del PIB británico.

De acuerdo con los datos del Instituto de Estudios Fiscales (IFS, en sus siglas en inglés), el ahorro neto por dejar de contribuir al presupuesto comunitario -esos 8 mil millones de libras anuales- quedarían ahora neutralizados si se produjera una caída de la renta nacional a partir del 0,6 %. Con el Brexit confirmado, la reducción puede ser ahora de del 6,3% y el 9,5%, según estimaciones de la London School of Economics, lo que dejará la balanza en números rojos por un amplio margen.

¿Una economía un 9% menor en 2065?

Con respecto al mercado común, actualmente, las exportaciones al territorio comunitario representan el 44% del total británico -223.000 millones de libras-, mientras que las importaciones desde Europa alcanzan el 53% -291.000 millones de libras-. Los acuerdos comerciales comunitarios aportan más de 400 mil millones de libras a la economía británica. Para la UE, sin embargo, Reino Unido solo representa un 8% de sus exportaciones, por lo que el efecto de un descenso de ventas sería más limitado.

Si Londres tardara en firmar un tratado de libre comercio (TLC) con la UE y las transacciones se guiaran en un primer momento por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMT), el peor escenario posible, el PIB podría caer un 6% hasta 2018, tal y como señala el Ministerio del Tesoro.

¿Qué modelo podría seguir ahora Londres? Noruega, Islandia y Liechtenstein son miembros del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Pero este camino no le compensa. Debería de pagar una cuota para mantener el acceso al mercado interior de la UE, pero perdería toda influencia formal sobre una legislación que tendría que poner en práctica casi en su totalidad.

La segunda opción sería seguir los pasos de Suiza y solicitar la adhesión sólo la AELC para firmar acuerdos bilaterales. Pero los analistas consideran este escenario complejo e incluso defectuoso por lo que es poco probable sea una opción viable.

La caída de la población extranjera mermaría la economía y haría más pobres a los británicos

Por otra parte, está el derecho a la libre circulación de personas. ¿Qué va a ocurrir ahora con los inmigrantes? Los euroescépticos han ganado la batalla con el argumento de que hay que recuperar el control de las fronteras. Uno de sus argumentos es que romper ahora con el bloque mejorará las perspectivas laborales para los británicos, como consecuencia de una reducción de la inmigración. Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR, en sus siglas en inglés), la caída de la población foránea mermaría el tamaño de la economía británica y haría más pobres a sus ciudadanos.

El NIESR estima que una disminución de dos tercios de la inmigración significaríauna economía un 9 por ciento menor en 2065. No en vano, según el Gobierno, la contribución tributaria de los ciudadanos del Área Económica Europea que más recientemente han cruzado el Canal fue de 3.000 millones en materia de impuestos, frente a los 500 millones que recibieron en prestaciones.

306.000 británicos oficialmente en España

Hay que tener en cuenta, además, que si la puerta se cierra para los que quieren entrar, también se cerrará para los que quieren salir. Y actualmente, de acuerdo con los datos más recientes de la ONU, cerca de 1,2 millones de ciudadanos británicos viven en otros países de la UE, 306.000 oficialmente en España, aunque el número ronda el millón si se incluyen a aquellos que pasan largas temporadas en nuestro país, sin necesidad de estar registrados.

En la City a estas horas cunde el pánico. Hasta anoche se daba a la permanencia como ganadora. Londres es actualmente sede de 250 bancos extranjeros, que emplean a 160.000 personas. Según algunas de las voces más influyentes, comoGary Cohn, presidente de Goldman Sachs, la mayoría de estas entidades estarían dispuestas ahora a hacer la maleta.

En cualquier caso, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ya adelantó que la entidad mantendrá su presencia en Reino Unido independientemente de cuál fuera el resultado.

Ahora mismo, la City se encuentra dividida porque donde unos ven riesgo, otros ven oportunidad

Según la Confederación de la Industria Británica (CBI, en sus siglas en inglés), la pertenencia a los ‘Veintiocho’ aportaba al país, hasta ahora, un valor equivalente al 5% del PIB, alrededor de 78 mil millones de libras al año. En 2013, los servicios financieros británicos combinados con las compañías de seguros tuvieron un superávit de 19 mil millones de libras con la UE.

El impacto económico total de un Brexit es ahora imposible de cuantificar, aunque la City está dividida porque donde unos ven riesgo, otros ven oportunidad. Los bancos de inversión temen perder el acceso al mercado único, pero los ‘hedge funds’ -como Odey Asset Management- se mostraban muy críticos con una regulación que consideran costosa y que les hace perder el tiempo.

Cameron, ¿hasta 2017?

Además de en los mercados, el Brexit abre una tormenta en Westminster. Hasta 84 diputados conservadores, entre ellos Boris Johnson y Michael Gove -cabecillas de la campaña por la salida- han firmado esta madrugada una carta pidiendo que David Cameron permanezca en su puesto, como así será finalmente. La estrategia por parte de la formación es mantenerle durante los próximos meses para llevar a cabo los acuerdos y buscar sucesor a partir de 2017 de cara a las generales de 2020. El popular Johnson se perfila ahora como candidato favorito.

Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn dijo que no se sentiría culpable en caso de Brexit. Pero su pasividad durante la campaña ha sido muy criticada tanto por sus filas como por los sindicatos.

En Escocia, la ministra principal Nicola Sturgeon, aseguró que “está claro que los escoceses ven su futuro dentro de la Unión Europea”. Los nacionalistas perdieron en septiembre de 2014 el referéndum de independencia por 55% frente al 45% y ahora están dispuestos a sacar de nuevo las urnas.

La situación de Irlanda del Norte se había mantenido en un segundo plano durante el debate. Pero los analistas empiezan a preguntarse cómo influirá ahora esto en un recién estrenado proceso de paz. Los republicanos podrían pedir ahora también la independencia abriendo heridas aún sin cicatrizar con unionistas.

El plan a seguir

Ante la gran incertidumbre, uno sólo se puede aferrar ahora a la hoja de ruta que publicaron los euroescepticos la semana pasada. Éste es ahora su plan:

– Para ejecutar de manera inmediata proponen:

Proyecto de ley que permita al Gobierno deportar a terroristas y criminales

Poner fin al cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para que predomine la ley británica

Acabar con el sistema que rige en la Unión Europea en materia de pagas (bonus/primas…) a las grandes empresas

– Para ejecutar en esta legislatura (que termina en 2020)

Facturas energía: Proyecto de ley para abolir el 5% de IVA en las facturas de gas y electricidad que modifique Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 1994

Sanidad: Proyecto de ley para que el Sistema Nacional de Salud reciba una media de 100 millones de libras por semana en términos reales

Inmigración: Proyecto de ley que terminaría con el derecho automático de los comunitarios para vivir y trabajar en Reino Unido. Londres tendría la potestad de llevar a cabo controles de seguridad “adecuados” y denegar la entrada a los criminales. Los comunitarios estarían sujetos a la legislación del Reino Unido en lugar de las leyes de inmigración de la UE. El proyecto de ley pondría fin a la discriminación de los ciudadanos no comunitarios y crearía un verdadero sistema de inmigración basado en puntos, donde la formación sería un elemento clave. Se pondría asimismo fin al control del Tribunal Europeo con respecto a las políticas de asilo.

Comercio: Reino Unido abandona “la política comercial común”, restaura su poder de control comercial y se posiciona en la Organización Mundial del Comercio.

Soberanía: se deroga la Ley Europea de Comunidades Europeas de 1972, base jurídica de la supremacía de la legislación de la UE. Los tratados de la UE dejarán de formar parte de la legislación británica y la jurisdicción del Tribunal Europeo sobre el Reino Unido se concluye también.

Fuente http://www.elconfidencial.com/

 

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