La confesión de Marjaliza pone a prueba las promesas de regeneración de Cifuentes

Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad de Madrid / Marta Jara

Siete meses en la cárcel bastaron para ablandar a David Marjaliza. En junio de 2015 el empresario amigo de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica decidió tirar de la manta y contarlo todo en la Audiencia Nacional ante el juez Eloy Velasco que instruye el sumario Púnica y las dos fiscales de Anticorrupción. Hoy Marjaliza es el principal testigo del caso.

Su declaración no solo amenaza con enterrar definitivamente la carrera de media docena de exalcaldes, la mayoría del PP, que ya eran cadáveres políticos desde que fueron detenidos el 31 de octubre de 2014 por la Guardia Civil. El relato de Marjaliza que trascendió el martes, después de que Velasco levantase el secreto del caso, compromete además las promesas de regeneración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que llegó al Gobierno regional abjurando de algunas de las prácticas de sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre en el Gobierno regional.

Los audios de Marjaliza ante el juez y las fiscales dejan en una situación muy delicada a uno de sus hombres fuertes en el Gobierno. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime González Taboada, también diputado regional como número tres de la candidatura de Cifuentes en las elecciones de mayo de 2015, uno de sus elegidos entre la herencia de nombres que le dejó Aguirre en las listas, aparece involucrado en un amaño generalizado de obras que la Comunidad de Madrid financió a una docena de ayuntamientos entre 2007 y 2011.

En aquel tiempo González Taboada ocupaba el puesto de director general de Cooperación Local en la Consejería de Interior y Justicia que presidía el todopoderoso Francisco Granados, ya entonces vicepresidente del Gobierno.

Según el relato que hizo Marjaliza en la Audiencia Nacional, Taboada era el hombre clave que determinaba a quién se le adjudicaban los contratos. El que “mangoneaba las obras”. Lo explica en este diálogo con el juez Eloy Velasco.

David Marjaliza. Yo quien sé que estaba ahí, que hacía la gestión y quien llamaba a Nacho [Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados en la Comunidad entonces] para preguntar, era un director general que se llamaba, que dependía de Justicia e Interior, y se llamaba Jaime González Taboada. Este señor es hoy diputado en la Asamblea de Madrid.

Eloy Velasco. Hombre de confianza de Granados que fue director general de Cooperación de Administración Local. Vale y este señor, de lo que le estaba yo contando, esa era la pregunta: ¿de esas 12 direcciones generales, casualmente este señor Jaime González Taboada, de las 12 direcciones generales, este señor que dirigía la Dirección General de Cooperación Local, del 100% del dinero que repartía Prisma, le tocaba gestionar el 77,81%. ¿Puede ser? ¿Le suena que el que mangonease allí?

D. M. El que mangoneaba allí era él.

E. V. ¿Y este señor es diputado? ¿Por qué partido?

D. M. Por el PP. El número tres de la lista.

El sistema de amaño llegó al punto, según Marjaliza, de que a cada actor implicado en los concursos le correspondía su parte del pastel de las obras. Un tercio de los concursos los decidían los técnicos, otro tercio correspondía a “Taboada y su gente” y el último correspondía a la “Consejería y Paco [Francisco Granados]”. En todos ellos, insinúa Marjaliza, se repartían comisiones en cantidades diversas. El empresario aludió a que este sistema de reparto se llevó a cabo en 10 o 12 obras que el plan Prisma financió entre ayuntamientos madrileños y relató con pelos y señales el procedimiento: “Quien mangoneaba las obras era Taboada”.

Eloy Velasco. ¿Sabe calcularnos cuánto dinero en comisiones pudo llevarse el señor Granados?

David Marjaliza. No hubo mucho porque el Prisma eran obras pequeñitas, no eran obras de millones de euros.

E. V. ¿Qué papel tenía Nacho?

D. M. Pues lo que le estaba explicando, a veces yo hablaba con Paco [Francisco Granados] a ver si había una obra o alguna cosa. Y él decía “habla con Nacho [el jefe de gabinete de Granados]. Entonces ya me pasaba con Nacho y Nacho era el que hacía la gestión y delante de mí llamaba a Jaime [González Taboada, hoy número tres del Gobierno de Cifuentes] y decía, ¿Jaime [González Taboada], esto cómo va? Es que había una cosa no escrita en la que me orientaban como que un tercio de las obras eran para los técnicos, un tercio era para los que estaban allí, los directores generales.

Fiscal. ¿Quiénes estaban allí? Vamos a poner nombres.

D. M. Los directores generales o los que sean. La parte de la dirección.

Fiscal. ¿Estaba Jaime González Taboada?

D. M. Estaba Jaime González Taboada con su gente.

E. V. ¿Y el último tercio era para Granados?

D. M. El último tercio, si había, era para Paco o la Consejería.

En el mismo interrogatorio, Marjaliza subraya que varias veces el jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, llamó en su presencia a Jaime González Taboada para conocer si determinadas obras estaban ya adjudicadas. En las que no tenían dueño, era Marjaliza el encargado de cobrar las comisiones, nunca un porcentaje fijo, sino un día 20.000, otro 30.000, al siguiente, 50.000 euros, dependiendo de lo que las empresa pudieran pagar. El empresario imputado cita media docena de constructoras que pagaron mordidas que en total “no llegaron al millón de euros”, por obras de “plazas en pueblos o pequeños polideportivos”.

El procedimiento para amañar los concursos era, según su testimonio, siempre el mismo. A través del jefe de gabinete de Granados y de Taboada, contó Marjaliza, se le facilitaban las ofertas –que debían ser secretas en el concurso– de las empresas mejor colocadas. Si una constructora quería hacerse con la obra, solo tenía que mejorarlas y pagar una comisión. En el sumario figuran los siguientes diálogos.

Eloy Velasco. ¿Qué información le daban?

David Marjaliza. Me daban quiénes estaban entre los tres y cinco primeros que habían licitado la obra. Los cinco mejores. Entonces si era una empresa conocida, pues yo le llamaba. Le decía que sí quería la obra, pues que pagara una comisión.

E. V. ¿De parte de? ¿Del señor Granados?

D. M. En toda empresa se sabía que yo era la mano derecha de Paco. No tenía que decir esa… Era obvio.

E. V. ¿Y a qué empresas?

D. M. No recuerdo porque algunas no conocía. Mirton, Licuas, […] Grupo Dyco. Teconsa, Begar.

Todo el testimonio de Marjaliza está trufado de acusaciones contra Taboada por su actuación como director general de Cooperación Local en la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011. De momento no está imputado porque para hacerlo, el juez Eloy Velasco debería mandar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el competente para juzgar a un aforado como Taboada, miembro del Gobierno regional.

Sospechas sobre otros dos diputados del PP

La confesión de Marjaliza implica asimismo a otra pieza clave del grupo parlamentario popular que junto a Ciudadanos sostiene a Cifuentes como presidenta. A Bartolomé González, diputado regional y el hombre al que Aguirre mandó de emisario a los alcaldes para configurar las listas de las autonómicas, lo acusa Marjaliza de haber pactado una comisión de 60.000 euros durante su etapa como alcalde de Alcalá de Henares, si bien el hombre fuerte de Granados entonces no recuerda si la empresa de ahorro energético, Cofely, en el epicentro de la trama, llegó a pagar la mordida.

“En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González de 60.000 euros”, aseguró Margaliza ante el juez Velasco. “No recuerdo si se pagó o no porque sé que la factura me la hizo a mí y yo saqué el dinero (…) yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con Bartolo”. Marjaliza asegura que la comisión se pactó entre los años 2012 y 2013.

Todas estas nuevas sospechas derivadas del sumario Púnica se unen a las que tienen contra las cuerdas al también diputado autonómico del PP Daniel Ortiz. En su caso, el juez Eloy Velasco ya remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los indicios que pesan contra él por su actuación como alcalde de Móstoles. Está acusado de favorecer también a Cofely con un contrato de 73 millones de euros.

El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho. Cifuentes afirma desde entonces que no le temblará la mano si Ortiz es imputado y da a entender que o dimite o será expulsado del partido cuando sea imputado.

Las nuevas revelaciones de Púnica abren la incógnita sobre si mantendrá esa misma contundencia en el caso de Taboada, un hombre de su entera confianza. Y también la duda de qué hará Ciudadanos, en este caso, que se ha presentado como abanderado de la regeneración democrática y contra la corrupción de Madrid y cuyo apoyo es clave para mantener a Cifuentes en la Puerta del Sol.