La UE considera ilegal que la Sanidad española encadene contratos temporales

La enfermera Mª Elena Pérez se hartó un día de su incertidumbre laboral. Durante cuatro años, de 2009 a 2013, trabajó en un hospital público de la Comunidad de Madrid, pero en este tiempo solo conoció la contratación temporal. En siete ocasiones firmó contratos para cubrir “un servicio de naturaleza coyuntural y extraordinaria”. Algunos de tres meses de duración. Otros, de seis. Y si tenía algo de suerte, de nueve meses. Pero en junio de 2013 la cesaron. El Gobierno madrileño anunció recortes para contener el gasto público y prescindió de todo el personal temporal eventual. Ni corta ni perezosa, la enfermera denunció al Servicio Madrileño de Salud por haber camuflado de temporalidad un empleo fijo. Y este miércoles, la Justicia europea ha determinado que Mª Elena tenía razón; que no solo se pervirtió la naturaleza de la contratación temporal en su caso, sino que toda la norma española de contratación en servicios sanitarios “es contraria al derecho de la UE”. Así se expresa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un dictamen solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid para dirimir sobre el caso. “Nos oponemos a una norma como la española, que permite renovar personal temporal para necesidades que son permanentes”, afirma el TJUE que afea, no solo la actitud de la Sanidad madrileña, sino todo el Marco Estatutario de contratación de personal sanitario en España. “Una situación de precariedad” La Corte europea recuerda que España está obligada por la norma comunitaria a prevenir abusos en el uso de contratos de duración determinada. Y que sus leyes, dice el TJUE, deben especificar el tiempo máximo de contratación temporal, el número de renovaciones, o bien las razones objetivas que justifiquen las renovaciones.

Una situación de precariedad” La Corte europea recuerda que España está obligada por la norma comunitaria a prevenir abusos en el uso de contratos de duración determinada. Y que sus leyes, dice el TJUE, deben especificar el tiempo máximo de contratación temporal, el número de renovaciones, o bien las razones objetivas que justifiquen las renovaciones.

Toda vez que la norma española no establece límites a la duración o al número de renovaciones”, dice el Tribunal, “quedaría comprobar si existe una razón objetiva que se refiera a las circunstancias concretas que justifique los sucesivos nombramientos de la enfermera”. Pero el TJUE no encuentra esta razones y entiende que las renovaciones “no parecen responder a necesidades temporales del empleador” sino a las necesidades normales del personal estatutario fijo. Tal renovación de nombramientos, dice el Tribunal, genera una “situación de precariedad” que no solo sufriría en Madrid esta enfermera, “habida cuenta del déficit de personal estatutario fijo en el sector sanitario madrileño”.

“Hay temporales de hasta 15 años”

En la sentencia se cuestiona la actuación del Servicio Madrileño de Salud pero, según explican a 20minutos fuentes del TJUE, la mira está puesta en la Ley 55/2003 del personal de Salud. “El dictamen vincula al resto de órganos jurisdiccionales que conozcan un problema similar”, dice la Corte europea. Es decir, cualquier juzgado, de cualquier región, debería aplicarlo. ¿Está obligado el Gobierno ahora a cambiar la ley? “España debe hacer algo”, dicen desde la Corte europea. “O acota la temporalidad o las renovaciones; pero esas ‘razones objetivas’ de su ley no son válidas porque se usan para camuflar servicios permanentes”. El Gobierno de Madrid –una región con 9.917 eventuales, un 14% del total de profesionales sanitarios– explica a este medio que “es la ley española la que no se ajustaría a derecho” y la que debería cambiarse, aunque puntualizan que no van actuar en ningún sentido hasta que se pronuncie el juzgado madrileño que suspendió la sentencia hasta conocer el dictamen del TJUE. “Además”, dice un portavoz de la Consejería de Salud, “hemos iniciado desde 2014 un proceso para reconvertir los eventuales en interinos creando plazas en los centros sanitarios”. La condición de fijos, sin embargo, solo se adquiriría a través de la superación de procesos selectivos. Desde el ministerio de Sanidad se limitan a expresar que están “valorando el dictamen” y que la sentencia del juzgado madrileño en el caso de Mª Elena, incluso si fuera contraria siguiendo al doctrina del TJUE, “podría ser recurrida”. “Hay casos flagrantes, temporales durante 15 años…” Luis García Botella, abogado de Mª Elena, está “satisfecho” por el dictamen pero recuerda que casi 10.000 profesionales sanitarios sufren esta precariedad. “Algunos casos son incluso más flagrantes, empleados que han sido eventuales durante 15 años, sin ni siquiera indemnización por despido”.

El despacho jurídico ha presentado unas 400 demandas similares a la de esta enfermera madrileña, en las que se pedía su conversión a indefinidos, o por lo menos en interinos mientras se cubrían las plazas a concurso. Pero  la mayoría han sido rechazadas en los juzgados. “Confiábamos en que en Europa diera otra versión del asunto”, apunta García-Botella. Y esto es lo que ha sucedido este miércoles, con el dictamen del TJUE. “Llevamos diciendo desde hace años que se denuncien estas situaciones”, asegura Rosa Cuadrado, responsable de Sanidad del sindicato CC OO; “pero el miedo a las represalias frena la protesta; sobre todo si tienes un contrato por tres meses y la protesta apenas conseguiría lograr una interinidad mientras se convoca la plaza”.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 96/16 Luxemburgo, 14 de septiembre de 2016 Sentencia en el asunto C-16/15 María Elena Pérez López / Servicio Madrileño de Salud

La utilización de nombramientos de duración determinada sucesivos para atender necesidades permanentes en el sector de los servicios de salud es contraria al Derecho de la Unión El uso de tales nombramientos sólo puede estar justificado para atender necesidades temporales La Sra. María Elena Pérez López fue nombrada para prestar servicios de enfermera en el Hospital Universitario de Madrid durante el período comprendido entre el 5 de febrero y el 31 de julio de 2009. Su nombramiento indicaba como causa justificativa la «realización de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria». El nombramiento de la Sra. Pérez López fue renovado en siete ocasiones, mediante nombramientos temporales con idéntico contenido. Un poco antes de la expiración de su último nombramiento, en marzo de 2013, la Administración le notificó, en paralelo, su cese inmediato y su nuevo nombramiento, de modo que prestó servicios de manera ininterrumpida para el hospital entre febrero de 2009 y junio de 2013. La Sra. Pérez López interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de cese. A su juicio, sus sucesivos nombramientos no tenían por objeto responder a necesidades coyunturales o extraordinarias de los servicios de salud, sino que en realidad correspondían a una actividad permanente. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, que conoce de dicho recurso, solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si la norma española 1 que permite la renovación de nombramientos de duración determinada en el sector de los servicios de salud es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada 2 (acuerdo en virtud del cual los Estados miembros deberán introducir medidas para prevenir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y evitar de este modo la precarización de la situación de los trabajadores por cuenta ajena). Más concretamente, ese juzgado alberga dudas sobre las razones objetivas que pueden justificar la renovación de estos nombramientos. Mediante su sentencia de hoy, 3 el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a una norma nacional que permite la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades temporales en materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes. 1 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 2 Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43). 3 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha dictado hoy otras dos sentencias relativas al uso de contratos o relaciones de servicio de duración determinada en España (a saber, por un lado, la sentencia dictada en los asuntos acumulados C-184/15 Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud y C-197/15, Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria, y, por otro, la sentencia dictada en el asunto C-596/14, Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa). En los asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15, el Tribunal de Justicia precisa que las autoridades nacionales deben establecer medidas adecuadas suficientemente efectivas y disuasorias para prevenir y sancionar los abusos constatados tanto en lo que atañe a las relaciones de servicio de duración determinada regidas por el Derecho laboral como a aquellas regidas por el Derecho administrativo. En lo tocante al asunto C-596/14, el Tribunal de Justicia, refiriéndose al principio de no discriminación, considera que los trabajadores con contrato de duración determinada tienen derecho a una indemnización por finalización de contrato del mismo modo que los trabajadores fijos. El Tribunal de Justicia recuerda ante todo que el Acuerdo marco impone a los Estados miembros regular en su normativa, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, al menos una de las tres cuestiones siguientes mediante cualquier medio de su elección:

1) las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos,

2) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada y

3) el número de sus renovaciones. Toda vez que la normativa española no establece límites a la duración o al número de renovaciones de contratos o nombramientos de duración determinada (cuestiones 2 y 3 de la enumeración anterior), el Tribunal de Justicia comprueba si existe una razón objetiva que se refiera a las circunstancias específicas y concretas que puedan justificar los nombramientos sucesivos de la Sra. Pérez López (cuestión 1 de la enumeración anterior). A este respecto, el Tribunal de Justicia reconoce que la sustitución temporal de trabajadores para atender necesidades de duración limitada puede constituir una razón objetiva. En cambio, considera que los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para desempeñar funciones permanentes y estables incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo. La razón objetiva debe poder justificar concretamente la necesidad de atender necesidades provisionales y no necesidades permanentes. Pues bien, en el caso de la Sra. Pérez López, sus sucesivos nombramientos no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador. Tal renovación de nombramientos de duración determinada genera una situación de precariedad que la Sra. Pérez López no es la única en sufrir, habida cuenta del déficit de personal estatutario fijo en el sector sanitario de la Comunidad de Madrid. Además, el Tribunal de Justicia señala que la Administración pública española no tiene obligación de crear puestos estructurales y que le está permitido proveer los puestos mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, sin que exista una limitación en cuanto a la duración de los nombramientos ni en cuanto al número de sus renovaciones. De ello se desprende que la situación de precariedad de los trabajadores se convierte en permanente. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia declara que la norma española, al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables, a pesar de que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo, infringe el Acuerdo marco. NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia

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