Moción en contra la privatización del canal Isabel II

PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ACCarabaña – IU – Los Verdes PARA LA PARALIZACIÓN Y REVERSIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II.

Al amparo de lo dispuesto en el vigente Art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  D. Marco Antonio Losas Sandoval, Concejal de ACCarabaña-IU-Los Verdes, del Ayuntamiento de Carabaña, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Carabaña la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la Comunidad de Madrid, comenzó el proceso de mercantilización y privatización del Canal de Isabel II a través de la constitución de una sociedad anónima de la que se vendería, una vez constituida, el 49% de sus acciones al capital privado.

El 29 de Noviembre de 2011 este Ayuntamiento firmó (abajo parte del Acta), con la Comunidad de Madrid, un convenio relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, que supuso la participación del Ayuntamiento, como accionista, en el capital social de la sociedad anónima (Participación accionariado del 0,00608 % del capital de la sociedad) y la firma obligada del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano, que se firmó en Madrid, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación ya que supuso la pérdida de control del agua durante 50 años y ponen al Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima.

(ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE

CELEBRADO CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011

 

ORDEN DEL DIA

 

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS,

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CARABAÑA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL

CANAL DE ISABEL II:

  1. A) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL

MUNICIPIO DE CARABAÑA. 

  1. B) GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA DE CONSUMO HUMANO.

  1. C) INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIETNO DE CARABAÑA AL

FUTURO MODELO DE GESTIÓN DE CANAL DE ISABEL II.

 

Se dio lectura a la siguiente propuesta de Alcaldía:

“Visto      el       texto  de     Convenio        Prestación   del        Servicio  de     Alcantarillado   en el Municipio  de  Carabaña,  con la  Comunidad  de  Madrid  y  el  Canal  de  Isabel II, por   el   cual dicho  servicio   de competencia  municipal,  pasaría  a  ser  prestado  de  forma directa por el Canal de  Isabel II,   por  un  periodo  de   50 años,   con   una   contraprestación   a favor    del Ayuntamiento  de   119.460 €,    siendo   por   cuenta  del Canal toda la prestación del servicio. Visto   el    texto  de    Convenio de    Gestión      Integral    del Servicio    de       Distribución    de Agua de Consumo Humano en el Municipio  de Carabaña,      con    la    Comunidad de   Madrid y  el Canal  de Isabel II, por el cual dicho servicio  de  competencia  municipal,  pasaría a ser   prestado   íntegramente  de  forma  directa    por  el    Canal  de Isabel II,  sin  coste  alguno para   el  municipio,  y  dado que  en la  actualidad  dicho  servicio  en  parte  lo  tiene  asumido el   Canal   de    Isabel    II, si bien    todo    el   mantenimiento   de   la   red   es      a    costa     del Ayuntamiento de Carabaña, suponiendo ello    que los daños que se producen a terceros por la rotura de tubería tiene que ser asumido por el  Ayuntamiento. En la actualidad por la rotura de de tuberías de la red el Ayuntamiento tiene varias reclamaciones patrimoniales que tendrá que hacer frente económicamente a ellas. Con  la firma  de este  convenio toda la gestión pasaría al Canal de Isabel II. Dicho convenio tendría una vigencia de 50 años.”)

En el segundo trimestre de 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suspender provisionalmente la entrada de capital privado al Canal de Isabel II, por diversas circunstancias, pero constituyó, en el mes de julio de 2012, la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, Canal Gestión), como instrumento necesario para la futura privatización. La sociedad se formó con un accionariado totalmente público, (82,4% de la Comunidad de Madrid y 17,6% de los ayuntamientos), con una estructura de Dirección que ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores interesados de la toma de decisiones.

Canal Gestión, durante sus tres años de vida, ha funcionado como una empresa privada de carácter mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada exclusivamente por ampliar beneficios, más contables que reales, y cuota de mercado (incluso fuera de nuestras fronteras), desatendiendo el interés general y en particular el de los ciudadanos madrileños y el de los ayuntamientos que les representan, y sin una apuesta fuerte por el mantenimiento de las infraestructuras e inversiones en el servicio, ni en los medios técnicos y humanos necesarios. Solo en este contexto pueden explicarse operaciones como la compra de la empresa de abastecimiento de agua en Lanzarote (INALSA), la licitación de la gestión de la empresa de aguas de Pasto (Colombia), el intento de deslocalización de los trabajos atención al cliente por GSS-Venture y los supuestos delitos por cohecho cometidos por Hispanagua, empresa filial de Canal Gestión.

Con el objetivo de maximizar los beneficios, para hacer más atractiva la sociedad a los potenciales accionistas privados, Canal Gestión está realizando una agresiva política de reducción de costes e inversiones, manteniendo altas tasas de rendimiento (de los 556,77 millones de euros de beneficios generados entre julio de 2012 y 2014,  431,97 millones (un 77,6%) se han destinado al reparto de dividendos, reduciéndose los gastos de personal e inversión) y olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas. Esta política suicida, solo comprensible desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede poner en peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público.

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de suministro de agua por parte de Canal Gestión, a ciudadanos que no disponen de recursos económicos, impropia de una empresa pública que gestiona un derecho humano fundamental, ilegal e incumplidora de los Tratados internacionales suscritos por el Estado español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo respetar que el suministro de agua constituye un derecho humano, en los términos definidos por las Naciones Unidas, que obliga a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social económicamente.

Que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho humano universal conforme ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo derecho, el acceso asequible al mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y, menos aún, sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación, más aún, cuando lo que se pretende, es preparar una mayor capacidad recaudatoria y financiera de una entidad que pretende ser privatizada.

Que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión de Mayo de 2012, ya ha realizado observaciones sobre los recortes realizados por el estado español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos.

Mientras, Canal Gestión está desatendiendo el interés general, reduciendo costes e inversiones y no llevando a cabo sus obligaciones en materia de medio ambiente, en concreto el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas. Además, la mercantilización de la sociedad ha supuesto un aumento de los cortes   y condenas de suministro de agua, de 18.674 en 2008 a 41.324 en 2012 y 73.016 en 2013, incumpliendo los tratados internacionales suscritos por nuestro país que garantizan el acceso al derecho humano al agua. El Derecho Humano queda por primera vez explícitamente reconocido en la Observación General nº15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Aquí se establece, entre otros factores, la garantía de un abastecimiento mínimo de agua, que limita la posibilidad de cortar el servicio, la participación ciudadana, el acceso a información y la rendición de cuentas. Por ello, desde los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Rivas Vaciamadrid, Pinto, Valdemoro, Getafe, Majadahonda…) se han venido aprobando en los últimos meses los cuatro primeros acuerdos de esta moción, promovidos por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. También la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 19 de noviembre una Proposición No de Ley del Grupo Socialista, con el apoyo de los grupos de Podemos y Ciudadanos, instando a la revocación del proceso de privatización y apostando por un mayor protagonismo de los ayuntamientos y los agentes sociales en la gestión del Canal.

Nuestra conclusión es que el modelo de gestión del agua, vigente en la actualidad, basado en la existencia de una sociedad anónima, es ineficiente desde el punto de vista económico, social y ambiental, inadecuada para la prestación de un servicio público, contradictorio con las competencias que en materia de agua disponen las distintas administraciones y perjudicial para los legítimos intereses de los madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los representan. Sólo se justifica este modelo en función de una futura privatización, a la que nos oponemos radicalmente.

En consecuencia, el modelo de gestión actual debe cambiarse por uno nuevo basado en una gestión pública al 100%, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, participativo, que haga efectivo el derecho humano al agua, respetuoso con las competencias municipales, donde los ayuntamientos tengan capacidad de decisión y vinculado al derecho humano al agua. Ello implicaría, la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público.En este sentido la mayoría de diputad@s de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha aprobado una moción cuya valoración por parte de la Plataforma contra la privatización del Canal de YII compartimos:

“PSOE, PODEMOS Y CIUDADANOS ACUERDAN PEDIR LA REVERSIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II. 

El 9 de junio pasado el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una moción presentada por el Partido Socialista y apoyada por Podemos y Ciudadanos en la que se insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a que informe detenidamente sobre la participación del Canal de Isabel II en diversas empresas que desarrollan su actividad, tanto en el territorio español, como en el ámbito internacional, a que se sienten las bases para la disolución y liquidación de la empresa Canal de Isabel II Gestión SA y a la recuperación por parte del ente público Canal de Isabel II de la gestión del ciclo integral del agua en la región de Madrid. Asimismo, en la moción aprobada se insta al gobierno a garantizar la participación equitativa de los ayuntamientos y de los sindicatos más representativos en los órganos de dirección y control del Canal de Isabel II, a la vez que se aboga por la representación en sus órganos consultivos de representantes de las entidades sociales de la defensa de la gestión pública del agua.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II valora positivamente la aprobación de esta moción por cuanto vuelve a situar en el plano político de la Asamblea la disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión y el retorno de la gestión del ciclo integral del ciclo del agua a la entidad de derecho público Canal de Isabel II.

En todo caso, la aprobación de la moción no representa la reversión definitiva del proceso de privatización del CYII, al no tener efectos jurídicos vinculantes para el gobierno regional; además hay que tener en cuenta que cualquier desarrollo posterior de los planteamientos de la moción se verá seriamente obstaculizado por la feroz oposición del grupo parlamentario del PP, como ya ha manifestado a los medios de comunicación. Sin embargo, a nuestro modo de ver, esta moción significa un paso político relevante en este sentido.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la paralización definitiva del proceso de privatización se conseguirá mediante una ley específica que siente las bases, no solo de la disolución de Canal de Isabel II Gestión SA y del trasvase de su patrimonio, bienes y activos a la entidad de derecho público Canal de Isabel II, sino también del nuevo modelo de gestión pública, democrático, transparente y participativo que deberá adoptar dicha entidad.

En este sentido, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II está preparando una propuesta de ley, que pondrá a disposición de los grupos parlamentarios de la Asamblea, en la que se recogerán los aspectos señalados y se resguardará el derecho de la ciudadanía a participar directamente en los órganos de gestión y control del ente público.

La reversión definitiva del proceso de privatización del Canal de Isabel II es posible y para ello es necesario un esfuerzo final de la ciudadanía, los ayuntamientos y los partidos políticos en esta tarea. Destacamos la importancia política que están teniendo las mociones que se están aprobando en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a este respecto y que están significando un inestimable apoyo a la actividad de los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid.”

Mociones en este sentido se han votando en un gran número de ayuntamientos (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe , Leganés, Móstoles, Parla, San Fernando, Las Rozas, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro y un largo etcétera), cuya población supera los 4.800.000 habitantes. 

Por todo ello, el Concejal de ACCarabaña – IU – Los Verdes propone al Pleno  del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO, que se remitiría, en su caso, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el proceso de privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), que posibilitaron dicho proceso. Ello implicaría, la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público.

SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de Ley que establezca un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, basado en una gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con las competencias municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir en las decisiones y vinculada al derecho humano al agua. Se dará la máxima importancia a la participación ciudadana en el control de la gestión del Canal de Isabel II, a través de un Observatorio del Agua. En la elaboración de la Ley se dará participación a los ayuntamientos.

TERCERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho humano al agua, mediante todas sus competencias e, incluso, elaborando aquellas normativas, incluyendo la iniciativa legislativa, que desarrolle normativamente en su ámbito competencial el derecho humano al agua, en los términos establecidos por las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

CUARTO.- Que tanto este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, y por medio de su participación social, como la Comunidad de Madrid, como parte fundamental de las obligaciones y derechos establecidos en dicha normativa internacional y de directa aplicación, su interpretación y desarrollo, harán efectiva la garantía de acceso a una dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como, asumen la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados social y económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo caso, tanto por el Canal de Isabel II y Canal Gestión.

En este sentido, se propone el siguiente protocolo de actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro:

1. El Canal de Isabel II (Ente Público) pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Carabaña el nacimiento de las órdenes de corte (cuando se produzca el tercer aviso) y de condena del suministro junto a todos los datos del usuario objeto de la actuación.
2. Desde ese momento, el CYII concederá un periodo no menor a veinte días hábiles para que el Ayuntamiento actúe y se comprometerá a no ejecutar ninguna actuación que desarrolle la orden de corte.
3. El Ayuntamiento trasladará de forma urgente el expediente de corte de suministro a sus Servicios Sociales para que recabe la información sobre el usuario afectado e informe si éste se encuentre en situación de insolvencia económica y emergencia social.
4. El informe deberá ser puesto en conocimiento del CYII, para que en los casos de insolvencia económica y emergencia social se paralice de manera inmediata la ejecución del corte y condena del suministro restableciéndose si fuera preciso el suministro normal de agua.
5. Como medida adicional y necesaria, el Ayuntamiento solicitará al Canal un aplazamiento para el pago de la deuda contraída por el usuario, la aplicación de la correspondiente “Bonificación por Exención Social” con carácter retroactivo en su factura, el fraccionamiento en el pago de la deuda y posponiendo además la obligación de pago durante el tiempo que, para cada caso, se considere procedente.
Este protocolo será sustituido por la concesión automática del suministro vital desde el punto primero en los siguientes casos particulares:

● Que el/la afectado/a a requerimiento de la concejalía demuestra estar incurso en un procedimiento de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual que ha de ser aquella en la que sea en la que se produzca el corte.
● Demostrar estar en negociaciones con la entidad bancaria o titular del préstamo de su vivienda para la toma de cualquiera de las medidas establecidas en el Anexo II del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

  • Encontrarse en alguna de las situaciones de especial vulnerabilidad establecidas en el artículo 1.2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Este caso es extensible a aquellos casos en los que existan negociaciones con el titular del bien en caso de estar en riesgo de desahucio cuando haya contrato de alquiler.

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a negociar este protocolo con el Canal de Isabel II. 

 

 

En Carabaña, a 15 de Junio de 2016

 

 

 

 

Fdo.: D. Marco Antonio Losas Sandoval  (ACCarabaña-IU-Los Verdes)

 

 

 

 

 

 

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