Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes

La Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes está formada por representantes de municipios, movimientos sociales y plataformas ciudadana de todo el Estado que han decidido unir fuerzas para crear un frente municipalista capaz de revertir la grave situación económica y social que atraviesan gran parte de los municipios de todo el Estado.

Esta red nace con tres objetivos claros:

  • Construir un nuevo municipalismo más autónomo y soberano, para lo que es necesario frenar la recentralización, asfixia financiera y recortes impuestos a los municipios desde el Estado (LRSAL, Ley Estabilidad, Art. 135 de la constitución, …)
  • Promover el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda y evidenciar deudas ilegitimas a través de auditorias ciudadanas de la deuda y la gestión pública.
  • Informar, concienciar, empoderar y fomentar la participación ciudadana en la construcción del nuevo municipalismo, la denuncia de las deudas ilegítimas y la realización de auditorías ciudadanas.

Son ya muchos los municipios que han presentado mociones encaminadas a revertir la situación económica provocada por el excesivo endeudamiento, la Ley de Estabilidad Financiera, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales o el Plan de Pago a Proveedores. También se han presentado mociones en muchos ayuntamientos para impulsar la creación de auditorías con participación ciudadana del gasto, la deuda y las políticas públicas.

Algunas de estas mociones, como la declaración de los intereses del plan de pago a proveedores como abusivos, son declaraciones políticas, pero muchas de esas mociones no tienen un mayor recorrido que el mismo pleno del ayuntamiento.

Pero ¿qué pasaría si cientos de municipios presentaran las mismas mociones en sus plenos municipales?

Una acción conjunta, que mostrará la oposición por parte de cientos de municipios, pondría en la agenda mediática y política la grave situación económica en la que se encuentran la mayoría de los municipios y la necesidad de una nueva legislación que proteja los intereses de la ciudadanía por encima de los de la banca.

Estas son las metas de esta campaña:

  • Poner en el centro de la agenda política de nuestros municipios la situación de endeudamiento en la que se encuentran y cómo afectan estas leyes y actuaciones del Gobierno central a esa situación.
  • Ejercer una fuerza común capaz de mostrar al Gobierno central que dichas leyes deberán ser derogadas y la situación financiera de los municipios debe ser revisada para que estos puedan retomar las riendas de su municipio.

Y estos los pasos a seguir para uniros a ella:

  1. Descarga una o todas las mociones plantilla.
  2. Adáptala a tu municipios.
  3. Preséntala en el pleno de tu municipio en el mes de abril.
  4. Difunde los motivos por los que se presenta la moción a tus vecinas y vecinos.
  5. Comunica la acción al resto de municipios de la red.

Descarga, adapta y presenta estas mociones en tu municipio

A continuación de los ejemplos de mociones, encontrarás una explicación para realizar los cálculos de las A y C.

A) Declarar ilegítimos los intereses del plan de pago a proveedores

https://drive.google.com/file/d/0B-3fvu0y9cZ5NERYbHRsNmNqcUU/view

B) Exige un Plan de Reestructuración y Saneamiento de la Deuda de las Administraciones Locales

https://drive.google.com/file/d/0B-3fvu0y9cZ5WjUxeEVMRHZFeWs/view

C) Declarar ilegítimo el rescate bancario

https://drive.google.com/file/d/0B-3fvu0y9cZ5Yk5IR0QxdG5rODQ/view

D) Adherirse a la Red y derogación de la Ley Montoro y art. 135

https://drive.google.com/file/d/0BzJQJ1LZdANrQWh4aUgxYUJDRG8/view

E) Derogación de la Ley Montoro

https://drive.google.com/file/d/0B-3fvu0y9cZ5NERYbHRsNmNqcUU/view

A) Declarar ilegítimos los intereses del Plan de pago a proveedores

En febrero de 2012, el Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro a la cabeza, aprobó el Real Decreto Ley 4/2012 para establecer un mecanismo de financiación para el pago de las deudas contraídas con los proveedores por parte de las entidades locales. Lo que comúnmente se ha llamado “las facturas en los cajones”. El plan fue lanzado y vendido a la ciudadanía como un plan de salvamento a los ayuntamientos y una medida de reactivación económica que inyectaría dinero a las empresas que se encontraban en una delicada situación debido a retrasos en los pagos y a las deudas que las administraciones públicas habían contraído con ellas, así como por la escasez de crédito ofertado por los bancos.

La adhesión a este mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeudamiento a largo plazo mediante un préstamo con una o varias entidades bancarias, y la obligación por parte de las entidades locales de aprobar un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste debe ser valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento.

En resumen, este plan de financiación consistía en la concesión de créditos por parte de entidades bancarias privadas a las administraciones locales para poder liquidar las deudas pendientes que éstas tenían con sus proveedores. Dichos préstamos serían avalados por la Administración central, de tal manera que si un municipio no cumple con los pagos, será ésta quien liquide las deudas con el banco descontando dichas cantidades de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que le corresponde al municipio. Más de 5.000 municipios se adhirieron a este plan, lo que hizo aflorar más de 10.000 millones de euros en facturas en los cajones que en su gran mayoría no tenían partida presupuestaria.

Ya que una entidad bancaria no corre ningún riesgo, porque será el Estado quien le pague en caso de que el municipio no pueda, el tipo de interés debería ser muy cercano al cual el banco se financia. Pero los PPP vinieron dados con tipos de interés de más del 5%, un tipo abusivo comparado con el riesgo que conlleva el préstamo para los bancos y el precio del dinero al que conseguían sus fondos por parte del BCE (entre el 0,25% y el 0%). La diferencia entre lo que hubiera pagado el municipio si tuviera la posibilidad de pedir dinero directamente al BCE (0,25%) y lo que paga a la entidad financiera (entre el 4 y 6%) es lo que calcularemos y declararemos ilegítima por considerar que son intereses abusivos.

¿Cómo calculamos los intereses abusivos del PPP?

Para calcular los intereses que hemos pagado en exceso, comparado con el tipo de interés que ha estado pagando la banca al BCE, configuraremos una tabla (la puedes descargar aquí) con los pagos realizados a los bancos debidos al PPP en la que separaremos en dos columnas diferenciadas el capital amortizado y los intereses. En la tabla colocaremos una tercera columna con el tipo de interés al que el BCE prestó el dinero a la banca privada (durante 2012 y 2013 se encontraba en el 0,25%, aunque luego fue disminuyendo). Otra columna será la cantidad de intereses que abonaría el municipio si hubiera pagado ese mismo capital al tipo de interés al que la banca podía acceder acudiendo al BCE. En una última columna calcularemos la resta entre los intereses que hemos pagado y los que habríamos pagado con el tipo de interés del BCE. La suma de las cantidades de esa última columna será lo que declararemos como intereses abusivos y, por lo tanto, deuda ilegítima.

C) Declarar ilegítimo el rescate bancario

En julio 2012 el Gobierno aceptó el rescate ofrecido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que puso a su disposición un crédito de 100.000 millones de Euros reembolsables en 4 tramos. El Estado ha recibido 40.000 millones, hasta el momento, que han ido en beneficio de bancos y cajas españolas, aunque el compromiso de reembolso de dichos fondos ha sido asumido por el Estado. El MEDE ha obligado al Gobierno español a firmar un acuerdo de devolución llamado Memorándum de Entendimiento donde se recogen cláusulas que condicionan no sólo la política de regulación del sistema financiero, sino la política fiscal, presupuestaria y laboral.

Las consecuencias del rescate bancario son conocidas por toda la población: recortes en los servicios políticos, los de todas, que han destruido el Estado de Bienestar y están contribuyendo a aumentar la emergencia social y el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; mientras se socializaban las pérdidas de la banca, creando una enorme deuda ilegítima que hizo que se disparara nuestra deuda externa.

Según el Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización sobre el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria creado por el Gobierno socialista en junio del 2009), el Estado ha ayudado a los bancos con 107.913.445.000€ en 2009 y 2012. La operación directa de capital por parte del Estado de los bancos fue de 57.003.764.000€, informe remitido al Congreso de los Diputados.

Para mostrar rechazo a esta situación planteamos una moción que calcule la cantidad que ha aportado vuestro municipio al rescate bancario para declararlo ilegítimo y exigir quitas correspondientes de la deuda que tienen los municipios con esas mismas entidades financieras.

Pasos para hacer el cálculo:

  • Buscar la población total del Estado español. 46.468.102 a 1 de julio de 2016.
  • Calcular la cantidad aportada por cada persona dividiendo la ayuda directa de capital por la población total. 1.226,73€ por habitante.
  • Buscar la población de nuestro municipio. http://www.ine.es/nomen2/index.do
  • Calcular la cantidad que han aportado las personas del municipio.

Ejemplo de un cálculo https://drive.google.com/file/d/0B-3fvu0y9cZ5bnBLUmpwdW5nZzA/view?usp=sharing

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