El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que impute al presidente regional Pedro Antonio Sánchez. Le acusa de los delitos de fraude, revelación de información reservada y cohecho por sus tratos con la trama Púnica para pagar con fondos públicos una campaña de reputación en redes sociales.
A mediados de febrero, Velasco abrió una pieza por la actuación de la trama en Murcia en la que se dirigió contra 22 personas, entre ellas Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro. Ambos son aforados, por lo que deben ser el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo, respectivamente, los que formalicen su imputación.
En el texto de 32 páginas que ha enviado al tribunal, Velasco detalla que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica, la realización de trabajos en redes sociales para «limpiar» su imagen de cara a las elecciones autonómicas, después de verse salpicado por el ‘caso Teatro’. Quería « limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad» para ganar las elecciones, como así ocurrió, señala el magistrado.
El juez cree que Sánchez intentó contratar con la Púnica «lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares», porque intentó cargar los gastos de esa campaña a la Consejería de Educación, que dirigía por entonces. «No lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente», señala Velasco.
El escrito recoge los detalles del contrato que acordaron Sánchez y De Pedro, y añade que se llegó a concertar el inició de la actividad en redes sociales, la contratación de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascendería a 4.600 euros al mes.
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