Investigan al PP de Ambite por malversación de fondos públicos

Efectivos de la Guardia Civil recogen documentación en el Ayuntamiento de Ambite

Efectivos de la Guardia Civil recogen documentación en el Ayuntamiento de Ambite (Foto: Ciudadanos de Ambite)

El Juzgado de instrucción número 5 de Arganda investiga al presidente del PP de Ambite y exalcalde de la localidad, Antonio Villarta, y a cuatro colaboradores y ediles de la última corporación por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
El partido de la oposición Ciudadanos de Ambite (CdA, una agrupación local independiente) puso en conocimiento de la Fiscalía de Alcalá hace unos meses una documentación en la que supuestamente se certificaba un delito contable en el cobro de las nóminas del anterior equipo de gobierno del PP y algunas de sus personas más allegadas.
En concreto, las acusaciones se dirigen contra el propio Villarta, alcalde entre 2011 y 2015, más el teniente de alcalde de la época, Manuel Piedra, los ediles Carolina Jara y Antonio Murcia y la secretaria-interventora María José Hernández, según han confirmado fuentes judiciales a este diario.
Según explica la concejala del partido denunciante, Montse Merino, las sospechas se centran en la forma escogida para obtener un salario. “Cuando Villarta llegó al poder se puso un sueldo de 2.100 euros al mes. Sin embargo, en diciembre de 2013, se aprobó que los concejales de los pueblos más pequeños no tuvieran dedicación exclusiva“, relata. “Entonces, se organizaron para cobrar por asistencia a juntas de gobierno y de mancomunidades, incluso por algunas a las que no iban”, añade.
La agrupación política calcula además un desembolso de “casi 5.000 euros” en gastos de representación por parte del antiguo primer edil, una cifra abultada teniendo en cuenta que Ambite, que tiene 600 vecinos, cuenta con un presupuesto anual de unos 600.000 euros. “Las asistencias a pleno y demás nos han costado 100.000 euros mientras nos subían el IBI un 35%”, agregan desde CdA
Informe de Hacienda
Según ha podido saber este periódico, una vez presentada la denuncia, la Fiscalía solicitó un informe a la Guardia Civil para arrojar luz sobre los hechos, lo que motivó que varios agentes se desplazaran al Consistorio de la pequeña localidad del sureste para recabar documentación durante unas tres horas a mediados de abril. Fuentes judiciales descartan, no obstante, que se tratara de un “registro”.
Como consecuencia de esas acciones, el juzgado de Arganda ha abierto unas diligencias previas que han servido para solicitar un “importante” informe a la Agencia Tributaria. Además, ha llamado en calidad de investigadas (antes imputadas) a esas cinco personas por la supuesta comisión de un delito de malversación de fondos públicos.
Hoy, los cinco, que ya han prestado declaración en sede judicial durante las últimas semanas, están a expensas de lo que dictamine ese documento elaborado por Hacienda, que puede determinar si la causa sigue adelante o se archiva.
Código ético
Cabe recordar que la gestora del PP de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, aprobó en marzo un nuevo código ético para el partido, que incluye la obligación de sus miembros de dimitir de sus responsabilidades en el caso de resultar investigados por un delito de corrupción u otros que generen alarma social. Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones obtener de los populares de la localidad alguna aclaración sobre estas acusaciones sin éxito.
En cualquier aso, más allá de ese elemento de trascendencia política, la disputa tiene una segunda vertiente. Tras las pasadas elecciones, el PP fue desalojado de la Alcaldía en virtud de un pacto entre CdP y Vecinos por Ambite (VpA), una plataforma próxima a Izquierda Unida (IU). Ambas formaciones sumaban cuatro ediles sobre siete, aunque su acuerdo duró sólo unos meses.
La denuncia de Ciudadanos sirve así también para atacar aunque sea colateralmente a sus exsocios de Vecinos, al liderar la iniciativa contra el PP y marcar la agenda al Ayuntamiento, que ha terminado personándose en la causa.
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