Situación real de la Educación Pública

PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA VALORA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN MADRILEÑA TRES MESES DESPUÉS DE QUE SE FORMARA GOBIERNO TRAS LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE MAYO Y TRASLADA UNA DECENA DE DEMANDAS A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ,

Han pasado ya tres meses desde que el nuevo Gobierno Autonómico tomó posesión y designó a los responsables de la Consejería de Educación. Pasado este tiempo, la Plataforma Regional por la Escuela Pública ha realizado un repaso de la situación actual, de forma conjunta con las Plataformas Locales que se integran en el Consejo de Plataformas junto con la Regional que es quien lo convoca, y deben destacarse varias cuestiones que preocupan a los representantes de la Comunidad Educativa madrileña. ESCOLARIZACIÓN Bajo los gobiernos del PP y, de forma más acusada, en el transcurso de la última década, se vienen arbitrando políticas enfocadas a favorecer la matriculación de alumnado en la red privada. Uno de los resortes para lograr ese objetivo es la restricción de la oferta de plazas públicas. Esto ocurre de forma generalizada en los tramos educativos no obligatorios, especialmente en la Formación Profesional, donde se acumulan grandes listas de espera de aspirantes a una plaza. También ha sido habitual la ausencia o el retraso de las construcciones escolares en aquellas zonas de reciente urbanización, habitadas por segmentos de población más joven y que registran mayor natalidad: el paradigma de eso lo encontramos en las barriadas de nueva construcción, donde no se habilitan centros públicos, pero donde sí se procura dotar de terrenos para los centros privados. Otro problema constante es la capacidad de los centros para seleccionar a su alumnado, frente al teórico derecho de las familias a ser ellas quienes seleccionen el centro. La posibilidad de los centros de otorgar un punto de gracia a determinados solicitantes, junto con la presión social y económica que constituyen las cuotas encubiertas de la red privada concertada demuestran que la supuesta libertad de elección es sólo una herramienta que se entrega a los centros para que seleccionen al alumnado que quieren escolarizar. Por otro lado, la constitución de un Distrito único de escolarización agrava los problemas, dotando de ventajas diferenciales a aquellas familias que pueden servirse del transporte privado para llevar a sus hijos al colegio. Dado que los conciertos ya no se justifican por el papel subsidiario de esta red ni por el cumplimiento de un presunto papel social, anteriores elementos de control de la Comunidad Educativa, como eran las Comisiones de Escolarización, han sido eliminadas.

Desde las organizaciones que defendemos la Escuela Pública, la alternativa pasa por una planificación real y consensuada de la red educativa, basada en criterios objetivos, que prime la cercanía al lugar de residencia, que esté controlada por los actores sociales, y que implique la supresión del área única. Como elemento inmerso en su entorno, la escuela debe poder actuar sobre la problemática social que recoge, por lo que exigimos que, ante el diagnóstico de dificultades del alumnado, se habiliten actuaciones para compensar las desigualdades. INFRAESTRUCTURAS El nuevo Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid continúa con la política de los anteriores equipos. “Nuestro modelo educativo es la libertad de elección”, afirmaba insistentemente Lucía Figar, la anterior Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Una “libertad de elección” que, para miles de familias de la región, sin embargo, implica no poder matricular a sus hijos en un centro educativo público como consecuencia de la indisimulada apuesta del Gobierno regional por la educación privada y concertada. Por ejemplo, es el caso del PAU de Vallecas (40.000 habitantes), en el que hay tres institutos privados concertado, pero ninguno público (ha sido esta semana pasada cuando se han comenzado a excavar y mover tierras en los terrenos del Ensanche de Vallecas donde se ubicará el futuro Instituto público). Tampoco hay institutos públicos en Legazpi (18.000 habitantes), Las Tablas (35.000) o Montecarmelo (24.000), a pesar de que en estos dos últimos barrios el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a reservar las parcelas necesarias e instar a la Comunidad de Madrid para que los construyera en el periodo 2008-2012. Por poner un ejemplo, la “libertad de elección” significa que la mayoría de alumnos/as del IES Manuel Fraga, en Sanchinarro, sean residentes en Las Tablas obligados a desplazarse diariamente de barrio para poder optar a la educación pública. Instituto, por cierto, también en obras. Una situación que se repite en barrios como Butarque, en Villaverde, donde el nuevo IES Juan Ramón Jiménez se ha inaugurado con las obras sin finalizar, lo que supone un grave problema de seguridad para los menores. La demanda de centros públicos se extiende a otros municipios como Majadahonda, que reclama un IES para el barrio Valle de la Oliva, donde solo hay un centro privado concertado. La insuficiente dotación de centros educativos públicos satura los existentes. Es el caso de Barajas (45.500 habitantes): el IES Alameda de Osuna está está masificado que resulta urgente la construcción de otro instituto. En Colmenar Viejo llevan años demandando un nuevo centro público. También en la zona de El Boalo, Cerceda y Mataelpino,… Y así podríamos seguir indefinidamente con un listado interminable que cubre toda la Comunidad de Madrid. La falta de equipamientos públicos, la consecuente saturación de otros y la pésima gestión de la Consejería afecta también a los colegios: la Comunidad de Madrid comprometió la construcción de un CEIP público en Rivas pero, misteriosamente, se ha transformado en un colegio concertado religioso. Lo mismo ocurrió en Parla y Móstoles. Sobre estos tres últimos mencionados existen denuncias presentadas contra la puesta en marcha de los correspondientes centros privados concertados, impulsados por el Gobierno Regional en lugar de los públicos que demandaban las Comunidades Educativas de esos municipios. En el barrio de Begoña (Fuencarral), por su parte, exigen la reapertura del CEIP Enrique Granados, edificio infrautilizado que la Consejería clausuró en 2013 y cedió la gestión a un colegio privado concertado, al igual que hacen en otros barrios y municipios que han visto cómo se cerrabancentros públicos necesarios mientras se abrían o ampliaban los centros privados concertados, incluso aunque no existiera alumnado solicitante de plaza suficiente para ello. La Plataforma Regional reivindica, asimismo, la construcción de escuelas infantiles de titularidad y gestión públicas en todos los barrios y municipios donde no se cuenta con ninguna escuela infantil pública aunque se disponga de terrenos para su instalación cedidos por los Ayuntamientos. Mención especial merece la política de construcción por fases, realizada en cada nuevo centro educativo público que se ha puesto en marcha. Centros como el CEIP Diego Muñoz Torrero de Valdemoro, que después de cuatro años del inicio de las clases en dichas instalaciones, conviven con las obras diariamente y siguen sin tener espacios tan necesarios como el comedor escolar, el gimnasio, las pistas deportivas, la mitad de las aulas de Primaria,… En esta misma situación se encuentran muchos otros en la Comunidad de Madrid, ya que para potenciar los centros privados concertados y, con ello, al parecer cobrar comisiones jugosas, era necesario dificultar la presencia de los centros públicos y ralentizar todo lo posible su construcción. Por tanto, es necesario un plan de construcciones que elimine que éstas se hagan por fases, garantizando la construcción completa de los centros educativos. Por último, debe hacerse referencia al mantenimiento de los centros educativos. La Consejería de educación sigue sin dotar partidas presupuestarias para reformar y actualizar el estado de conservación de multitud de centros públicos, favoreciendo su deterioro progresivo y, con ello, buscando la huida de las familias hacia centros privados concertados cercanos. Todo siempre en la misma dirección: perjudicar a la escuela pública para privatizar el sistema y, además, entregar alumnado a manos de entidades religiosas para favorecer el adoctrinamiento religioso con dinero público. En este sentido, es necesario la puesta en marcha de un plan de reformas y de actuaciones de recuperación del estado óptimo de conservación de los centros educativos públicos, en colaboración con las Corporaciones Locales. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES La política educativa de las últimas legislaturas se ha caracterizado por la ausencia de ayudas y de puestos escolares suficientes. Como vía indispensable para garantizar una igualdad real de oportunidades, es urgente y necesaria la supresión en la red pública de las tasas en Educación Infantil (desde los 0 años), en Formación Profesional y en las Enseñanzas de Régimen Especial (Artísticas y de Idiomas); así como la reversión de los incrementos de las Tasas Universitarias (100% en Grado y 120% en Máster) hasta volver, al menos, a los precios del curso 2011/2012. Y es necesario el establecimiento de forma consensuada de un Plan y una Comisión de seguimiento para su aplicación efectiva. Previo a lo anterior y como asunto básico, es ineludible la aplicación de medidas urgentes y extraordinarias para garantizar la alimentación necesaria de toda la infancia y la juventud madrileñas. En el curso próximo es imprescindible la recuperación de las Becas de Comedor, las ayudas al transporte y el acceso gratuito al material escolar para todo el alumnado de la escuela pública.

La educación es instrumento imprescindible para la salida de toda crisis. Para que esto sea realidad, es necesario que se garantice la igualdad de oportunidades a través de las medidas de compensación de las desigualdades (becas, ayudas), y el impulso de todas las etapas y enseñanzas para todos y todas. Esto será posible si se produce la reversión de los recortes y el compromiso de una financiación suficiente de, al menos, el 7% del PIB para todo el sistema educativo. PERSONAL La política de personal seguida por la Comunidad de Madrid ha sido de recorte incesante en las plantillas y en las condiciones laborales del profesorado. Así, si tomamos como referencia el curso 2009-2010, en el cual se produce un máximo de plantilla de 54.784 efectivos en la Enseñanza Pública1 y lo comparamos con el dato correspondiente la Informe 2015, actualmente en elaboración, vemos que hay un descenso de 3.468 efectivos, el 6,33% de la plantilla. No obstante, si consideráramos jornadas completas, ya que en estos últimos años se han producido muchas contrataciones parciales, se dispararía la pérdida por encima del 8%. Paralelamente, la plantilla de la Enseñanza Privada se ha incrementado en un 5,43%, según los mismos informes. Si consideramos todo el período que abarcan estos informes; es decir desde el curso 2003-2004 hasta el curso 2013-2014, los efectivos de enseñanza privada se han incrementado en un 47,30%, mientras que los de pública solo un 1,92%. La conclusión es una activa política de privatización de la educación madrileña. Otra de las constantes de la política de personal de la Comunidad de Madrid ha sido la precarización del empleo. Desde el año 2011 se ha aplicado una tasa de reposición media del 18,28%, cuya traducción en empleo es que se han perdido 8.434 puestos de trabajo de funcionarios fijos en la educación pública madrileña. Si a esto sumamos que unilateralmente se ha laminado el Acuerdo Sectorial de Educación de 2006 y se ha promulgado el Decreto 42/20132 , cuyo objetivo fue reducir al máximo el valor de la experiencia en la contratación de personal interino frente a la calificación en los exámenes de la oposición, la fórmula queda completada, menos empleo de calidad y una alta tasa de inestabilidad en las plantillas. En este momento las plantillas son insuficientes, inestables y con un extenso modelo de contrataciones parciales a 1/2 o 1/3 de jornada y, en situaciones especiales, como, por ejemplo, la realización de pruebas de evaluación, contrataciones por días, algo que jamás se había conocido en la educación madrileña. Todo esto lleva a una carencia de personal para desdobles, apoyos, recuperaciones, etc. y a un incremento de la ratio alumnado aula. Por tanto, desde este momento deben garantizarse las sustituciones inmediatas y las plantillas completas desde el inicio de curso. Una política acertada debería llevar a la recuperación del empleo y si se pretende una educación de calidad a la convocatoria de unas 10.000 plazas en las oposiciones de la legislatura para recuperar, al menos, las condiciones laborales existentes antes de 2009, así como la derogación del Decreto 42/2013 y la recuperación de las condiciones laborales del Acuerdo Sectorial de 2006. 1 Página 169 del Informe 2014 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 2 DECRETO 42/2013, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de selección de funcionarios interinos docentes de ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 10).

CONVIVENCIA La convivencia en los centros educativos debe ser uno de los elementos básicos que se debería abordar para el desarrollo de una política educativa que lleve a la calidad del Sistema. En toda la Comunidad de Madrid se han detectado problemas de convivencia en los centros, que están presentes en todo tipo de centros, demostrando que es falsa la supuesta relación entre conflictividad y origen socioeconómico bajo o marginal. Los problemas de convivencia en los centros tienen un origen diverso y con muchas vertientes. Por ello requiere de un tratamiento preventivo y de una acción conjunta de toda la comunidad educativa, para la detección de los problemas y el establecimiento de medidas que busquen realmente solucionarlos. La Plataforma Regional por la Escuela Pública madrileña lleva alertando sobre este problema desde hace años. En el año 2007 se planteó la necesidad de una Ley de Convivencia y se llevó a la Asamblea de Madrid como una Iniciativa Legislativa Popular, pero el Gobierno de entonces, también del PP, como sucede en Madrid desde 1996, rechazó incluso su debate. El Gobierno madrileño dio como respuesta a la problemática de la convivencia en los centros el Decreto 15/20073 , cuyo contenido no es más que un régimen disciplinario en contra de lo que su denominación indica, y la Ley 2/20104 , cuyo contenido brinda al profesorado el rango de autoridad pública. Es decir, lo único que ha hecho la Administración madrileña es una política impositiva de autoridad y castigo, abandonado a la comunidad educativa a su suerte paralelamente a la aplicación de unos recortes brutales en todos los aspectos. El fracaso de este modelo es evidente pues hasta los defensores del mismo argumentan que casi nunca han tenido que utilizar los recursos de este Decreto y esta Ley para resolver los problemas de convivencia en sus centros. La Plataforma Regional por la Escuela Pública sigue demandando el desarrollo de un ley integral de convivencia en la que se aborden medidas de sensibilización, medidas de apoyo al Sistema Educativo, medidas de protección de la comunidad educativa y una tutela institucional que incluya la evaluación de las inversiones y medidas tomadas en este ámbito. ACUERDO EDUCATIVO Un sistema educativo que quiera conseguir educar de forma integral al alumnado, sin que dicha educación dependa del signo ideológico del gobierno de turno, debe estar basado en un muy amplio consenso social sobre las bases fundamentales del mismo. La propuesta lanzada por el nuevo Gobierno Autonómico de buscar dicho consenso merece ser recibida como un cambio de actitud sobre la posición de inexistencia de diálogo social entre los anteriores responsables políticos y la Comunidad Educativa. Es, por tanto, el primer paso para que el necesario diálogo pueda darse, pero no es suficiente por sí solo para que el acuerdo pueda producirse. La Plataforma Regional por la Escuela Pública lleva varias décadas demandando la mejora constante de la educación madrileña. En los últimos dos lustros, en especial en el último, las 3 Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOE del 25) 4 Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. (BOCM del 29).

políticas desarrolladas provocaron que la Comunidad Educativa se movilizara intentando revertir dichas políticas. La Plataforma Regional, que aglutina a las organizaciones más representativas del alumnado, las familias, los docentes y el personal de los centros educativos, no cesó de exigir la eliminación de los recortes sufridos y la paralización de la extensión del modelo LOMCE, puesto en marcha en la Comunidad de Madrid mucho antes de que tomara forma en Ley Orgánica. En este momento, cualquier acuerdo que el Gobierno Autonómico actual quiera poner en marcha debe estar basado en varias premisas: la previa reversión de los recortes sufridos en la educación pública en la última década; la derogación en la Comunidad de Madrid de todos los aspectos nocivos de la LOMCE y la paralización de aquellos que aún no se hayan puesto en marcha, como las reválidas de ESO y Bachillerato; la democracia participativa como forma real de funcionamiento de los centros educativos; y la aceptación por parte del actual Gobierno Autonómico del fracaso del sistema educativo madrileño; por lo que la búsqueda del acuerdo debe orientarse a superar éste para construir un nuevo modelo que realmente busque garantizar la educación integral del alumnado en un escenario de equidad e igualdad de oportunidades. Madrid, 21 de octubre de 2015 http://www.escuelapublica.org

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