016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

Alarma que estos presupuestos hayan desoído las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas
(CEDAW) del pasado julio de este año, manifestando su
preocupación al Gobierno español por el deterioro de
los servicios de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia.

Mientras tanto, en nuestro país, convivimos con el resultado más atroz e inadmisible de la violencia de género: los asesinatos de las mujeres, una cifra anual casi
invariable (54 en 2014 y 2013, 52 en 2012) y que en
este año, ya asciende a 41 víctimas. Junto con el incremento del número de denuncias por violencia de género, en 2014 se presentaron 126.742, un 1,5% superior
al año anterior y los alarmantes datos de la Macroencuesta de violencia 2015: el 12,5% de población femenina ha sufrido alguna vez violencia de género.

El número de contratos realizados a mujeres víctimas de
violencia de género es casi insignificante, apenas 725
contratos de los más de 7.300.000 contratos realizados
a mujeres en 2014, lo que viene a constatar la escasa
repercusión que los acuerdos de contratación suscritos
por el Gobierno con las empresas. En 2014 sólo 84 trabajadoras suspendieron extinguieron su contrato de trabajo con derecho a la prestación contributiva.

Una de las medidas  que se deberían  adoptar, sería la recuperación del Ministerio de la Igualdad de Género, con sus recursos personales y financieros suficientes para hacer frente a este gran problema. La recuperación del Ministerio viene abalada  por el último informe Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este informe los expertos recomiendan potenciar la educación sexual y de derechos reproductivos como obligatorios en el currículum regular, “incluyendo educación sobre comportamiento sexual responsable, prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual”.

Debemos de insistir en la existencia  de varios tipos de violencia de género.

Física. La violencia física es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, que más habitualmente deja huellas externas. Se refiere a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc, causados con las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por tanto facilita la toma de conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la más comúnmente reconocida social y jurídicamente, en relación fundamentalmente con la violencia psicológica.

Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines.

  • Se trataría de la violencia “económica”, en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los mismos (llegando en muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales).
  • También es habitual la violencia “social”, en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos.
  • Sexual. “Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión” (Alberdi y Matas, 2002). Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, se distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su integridad física. Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces no consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producían dentro del matrimonio.

Ciclo de la violencia física.

Lenore Walker definió el Ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el modelo más utilizado por las/los profesionales.

El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación de la Tensión, en la que la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación.

La segunda fase supone el Estallido de la Tensión, en la que la violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión.

En la tercera fase, denominada de “Luna de Miel” o Arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase va reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio, puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma.

Este ciclo pretende explicar la situación en la que se da violencia física, ya que la violencia psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de un proceso que pretende el sometimiento y control de la pareja.

El 28 de diciembre del 2004 entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Diez años después, expertas coinciden en que todavía es necesario desarrollarla y, sobre todo, dotarla con el presupuesto suficiente para que sea más efectiva.

En esto 10 años de vida de la contradice con las 757 mujeres asesinadas. Debemos recordar que en el pasado no había datos precisos y una contabilidad exacta hasta el nacimiento de esta ley.

Con el gobierno de Mariano Rajoy, el número de mujeres que tras denunciar renuncian finalmente a continuar con el proceso penal no deja de aumentar, mientras se reduce el número de dispositivos telemáticos, las órdenes de protección o el de las sentencias condenatorias.

El departamento que dirige Ana Mato también ha reducido un 30%, en los últimos tres años, los fondos para prevenir la violencia de género. Y aunque en las previsiones para 2015, los Presupuestos del Estado para la Igualdad y la Violencia de Género han corregido esa cifra incrementando un 8,6% esta partidas (20,82 millones de euros irán destinados a fomentar la igualdad y 23,7 millones, a luchar contra la violencia machista), para las asociaciones feministas sigue siendo insuficiente.

Así lo consideran más de 100 organizaciones que han presentado en el Congreso de los Diputados un informe en el que denuncian que el PP pretende concurrir a las elecciones de 2015 “con tacones y maquillaje”. En el documento ponen de manifiesto que el dinero destinado a Igualdad y Violencia de Género supone, en conjunto, el 0,01% del presupuesto total y que dicha cantidad es insuficiente para suplir el recorte de los Ayuntamientos, que se han visto obligados a cerrar casas de acogida y centros de la mujer.

Este es, precisamente, el principal defecto de ley de violencia de género, según varias de las expertas consultadas por Público: que no hay dinero suficiente para hacer que se cumpla. “La ley es una ley bastante completa, pero siempre que se han tenido en cuenta las medidas que necesitaba esa ley. En un tiempo se tuvieron casas de acogida, posibles convenios laborales con empresas y ayuntamientos para contratar a mujeres maltratadas, una renta mínima de inserción… Ahora, con los recortes ya no hay tantos recursos para las mujeres que denuncian”.

“La ley es una relación de propósitos que tiene que venir acompañada de presupuestos o seguiremos siendo incapaces de proteger a las mujeres que denuncian”, señala también la directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Laura Nuño, que denuncia que, mientras el presupuesto total se ha incrementado, el próximo año habrá “dos millones de euros menos destinados directamente a protección de las víctimas”.  Y en la misma línea se expresa la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Amalia Fernández Doyague, que considera que “una ley hay que dotarla económicamente”.

Todas coinciden en que lo primordial es reforzar, sobre todo, la formación específica de todos los agentes implicados en detectar un posible maltrato y guiar después a las víctimas de violencia de género. Es decir: personal sanitario, asistentes psicosociales, policías y jueces, entre otros. “Las mujeres tienen que confiar en las instituciones, confiar en que las podemos proteger para animarse a denunciar”, resume Nuño. “La ley partía de una formación integral de todos los operadores que no existe y, mientras no exista, las sentencias seguirán siendo abusivas”, advierte Fernández. “Si un policía o un juez no tienen empatía con la mujer, ésta siempre se va a sentir como si ella fuera la sospechosa cuando acuda a declarar contra su pareja”, añade.

De hecho, las tres expertas recuerdan que el mito de las denuncias falsas es, simplemente, eso, un mito (no suponen ni el 0,1% de los casos) que ha conseguido calar debido a que las víctimas necesitan una prueba fehaciente para que las crean o, de lo contrario, los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo priman tanto que consiguen que “un 55% de las denuncias se archiven”, señala la también abogada Lidia Falcón.

A pesar de todo, un 72,2% —según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) — consigue salir del maltrato y “también hay sentencias del Tribunal Supremo que estiman la presunción de veracidad de la víctima”, destaca Almeida, que considera que es este mensaje el que debería empezar a calar en la sociedad. “Si alguien denuncia un robo nadie sospecha que esté mintiendo pero aquí ni los jueces ni los policías que abandonan a las víctimas asumen su responsabilidad”, ejemplifica y lamenta, por su parte, Falcón.

 

De todas las expertas consultadas por este diario, la creadora del Partido Feminista es la más crítica con la actual ley contra la violencia de género. “No contempla la violencia sexual, ni la económica ni la institucional y es un pecado mortal que no se defienda y no se proteja nada más que a las mujeres que son maltratadas por sus parejas sentimentales”, opina. “Ni madres, ni hermanas, ni hijas, ni vecinas, ni compañeras de trabajo ni, por supuesto, prostitutas”, agrega Falcón. Una opinión que comparte, al menos en parte, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona.

Para Carmona, uno de los retos a conseguir después de haber conseguido que “la violencia de género se haya convertido en una cuestión de Estado” es el incluir la trata de personas, las violaciones fuera de la pareja o la mutilación genital dentro de la definición de violencia de género, tal y como se prevé en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016. Además, aboga por terminar de desarrollar la ley de protección de la infancia -“que considera a los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas directas del maltrato”-, la reforma del Código Penal -“que incluye el acoso y el hostigamiento a través de las nuevas tecnologías como nuevos delitos penales”-, y por “comarcalizar y reorganizar las competencias de los juzgados”. ¿Con qué fin? El de poder mejorar la asistencia judicial reforzando los sistemas de valoración integral de género en todos los juzgados y no sólo en los ya especializados. Algo para lo que “no se necesitaría una partida presupuestaria alta, sino un reparto racionalizado de la carga de trabajo” de los tribunales, explica.

Aunque no todas se muestran igual de conformes con la utilidad de la normativa actual, todas coinciden en una cuestión. Y es en reclamar, igual que las propias ponentes de la ley, una mejor educación en igualdad como principal herramienta en la lucha contra el machismo.

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