La Púnica se cobra la cabeza de ocho altos cargos en Murcia, Madrid y León

Desde que estalló la operación Púnica el 27 de octubre de 2014, la investigación ha provocado la dimisión de ocho altos cargos en tres comunidades y una quincena de alcaldes y concejales. El sumario aún puede sumar más responsabilidades políticas, porque el juez mantiene bajo secreto la pieza de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid.

Pedro Antonio Sánchez, a su llegada a la sede del partido en Murcia tras anunciar su dimisión

La última dimisión ha sido muy sonada, pero la Púnica ya ha dejado un reguero de cadáveres políticos, a medida que la investigación judicial descubría cómo se corrompían los cargos públicos con esta trama multidisciplinar, que lo mismo metió la mano en el ladrillo, como en los contratos de eficiencia energética, o la reputación personal de figuras políticas en las redes sociales. Y de fondo, la posible financiación ilegal del PP: los capos de la trama se presentaban ante los futuros corrompidos ungidos por altos cargos del partido. “¡Cómo no recibirlos!”, expresan con sorna fuentes jurídicas.

La del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido la última dimisión, después de que el juez Velasco haya pedido imputarle en un escrito en el que ha expuesto las 49 pruebas que tiene contra él. Correos electrónicos, whatsapps, mensajes sms, declaraciones de dos imputados, documentos que prueban lo avanzado de las negociaciones, y pinchazos telefónicos como el de la conversación cruzada entre el conseguidor, Alejandro de Pedro, y su director comercial, Javier Bueno, en el que celebraban entre risas y con un significativo “Murcia, a tope”, haber “cerrado” el contrato con Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP, Pilar Barreiro. Ni el ya expresidente murciano ni la senadora han abandonado sus actas de parlamentarios, con lo que gozan del privilegio del aforamiento.

En Murcia también dimitió el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz, quien sí llegó a contratar a la trama para mejorar su imagen en redes sociales.

Pero en Madrid está el grueso de las dimisiones. Dos consejeros tuvieron que dejar el cargo, después de que la SER avanzara que el juez iba a proponer su imputación: Salvador Victoria y Lucía Figar. Ella explicó al magistrado que fue Granados quien le presentó al conseguidor, Alejandro de Pedro.

Y a los dos consejeros les perdió lo mismo que a Sánchez. Su vanidad. Lavar su imagen personal en redes para conseguir o conservar el poder político. Pero como Sánchez, no pretendían pagarlo de su bolsillo, sino con dinero público o de empresas que a cambio, obtenían contratas de la administración. Supuestamente, claro.

También en Madrid dimitieron el diputado del PP, Daniel Ortiz; el director de Industria de Cifuentes, Carlos López; o la diputada de Ciudadanos, Eva Borox.

Y en León, la Púnica acabó con el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, quien dimitió desde la cárcel.

Esto por lo que respecta a altos cargos, porque la trama le ha costado el puesto a una quincena de alcaldes y exdiputados madrileños, como a José Miguel Moreno. Aquel que espetó al número 2 de la trama, David Marjaliza, que se metió en política, para “tocarse los huevos”.

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