La Púnica pone contra las cuerdas a otro expresidente de Diputación del PP

El expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón, imputado en la operación Púnica, realiza declaraciones a los periodistas a su salida de la cárcel

Mientras se agota la cuenta atrás para dar inicio al primer macrojuicio sobre elcaso Gürtel, el recorrido judicial del caso Púnica sigue su curso. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha conformado la segunda pieza -y las que faltan- sobre la trama de corrupción, centrándose en lo relativo a la Diputación de León. Lo que ha provocado, entre otras, la imputación del expresidente de la institución, el popular Marcos Martínez, y el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, también del PP.

A ambos les acusa de haber contratado con dinero público varios servicios para su beneficio personal. A estos dos imputados (investigados según la nueva denominación) también se unen otros cuatro: el interventor de la Diputación de León Jesús Manuel Sánchez, el considerado conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro -y sus empresas EICO y Madiva, a las que el juez atribuye un delito de cohecho-, y al alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso Conesa.

Las diligencias liberadas por Velasco, a las que ha accedido este periódico, son el estado previo al procesamiento, algo que el juez ya hizo con la primera pieza de la Púnica y que afecta al “chivatazo” de un agente de la Guardia Civil, que avisó al exconsejero madrileño Francisco Granados, considerado cerebro de la trama, de que estaba siendo investigado.

En su escrito, el magistrado considera que Alonso Conesa y De Pedro, usando las empresas citadas, “realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares”.

Velasco cree que “esta manera de proceder les permitía no solo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros”.

Marcos Martínez accedió a la Presidencia de la Diputación de León tras el asesinato de su sucesora, Isabel Carrasco. Y nada más llegar al cargo recurrió a De Pedro y Conesa para contratar sus servicios con dinero público y ganarse una reputación con la que consolidarse en el cargo.

A todo esto, hay que añadir la trama montada en torno a la estación de esquí de San Isidro, que generó “un interés mutuo” para los imputados gracias a los contratos públicos que generaban las instalaciones, como la mejora y la explotación de las pistas de esquí y la gestión de las dos cafeterías: El Rebeco y Pico Agujas.

El beneficio consistía en que Marcos Martínez podría presumir del proyecto como un logro propio cuando llegasen las elecciones, mientras que De Pedro y Conesa cobraban sus servicios a través de la explotación de estos servicios. Y es en la promoción de esta pista de esquí donde también se ven involucrados los otros imputados: el alcalde de Puebla de Lillo y el interventor de la Diputación.

El juez señala que la adjudicación de estos servicios debería haberse realizado con un concurso público o a través del gabinete de prensa con el que ya cuenta la Diputación, “más aún cuando la relación de servicios no ha sido episódica sino que se remonta al periodo” en el que la institución era presidida por Isabel Carrasco.

Todos estos extremos llevan al juez a mantener la imputación sobre Marcos Martínez, que ya pasó dos meses en prisión con motivos de la Operación Púnica, con la acusación de delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos. Mientras que De Pedro y Alonso Conesa son considerados responsables de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos.