Lo que no se puede contar

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ALBERTO CARRIO SAMPEDRO // Pocas sorpresas podía deparar la sesión de investidura del pasado sábado. El guion, minuciosamente diseñado con base en el socorrido argumento del interés general y la gobernabilidad, fue fielmente interpretado por los actores de la escuela de Ferraz. Una vez más, como no quien quiere la cosa, el Partido Popular invistió a su candidato sin más esfuerzo que el desgaste al que se expusieron los demás.

Ni siquiera sorprendió la renuncia de Pedro Sánchez, otrora candidato dispuesto a desayunarse los sapos de las fuerzas del mal y hoy dispuesto a contar todo lo que sabe porque sabe que todos saben que sabe cosas que es mejor callar. Todo previsto hasta que tres palabras encendieron todas las alarmas del Estado de Derecho porque con ellas amenaza ruina todo el entramado consustancial. “Abstención por imposición”, dijo la diputada socialista María González cuando la Mesa del Congreso la requirió para votar. “Abstención” se repitió desde la Mesa, dado que para computar el voto era necesario amputar. Pocos minutos después, otra diputada socialista, Adriana Lastra, utilizó la misma frase, y nuevamente la Mesa procedió a la amputación antes de computarla como otra abstención más.

La suplantación de voluntad que el sábado denunciaron las diputadas es un hecho que no tiene precedentes en la democracia española ni por supuesto en ninguna otra que se dé a respetar.
Por eso es incomprensible que la presidenta del Congreso, entre cuyas funciones se encuentra vigilar el cumplimiento estricto de la legalidad, no detuviera la votación para asegurarse de que la voluntad de las diputadas no había sido secuestrada como acababan de confesar. No sólo porque la Constitución prohíba el mandato representativo (Art. 67.2 CE), sino porque el imperativo que las diputadas han confesado obedecer es, por definición, ilegal.

La omisión del deber legal impidió a la presidenta restituir a las diputadas en su derecho y, de paso, contribuyó a generar nuevas dudas sobre la legitimidad del proceso de investidura en su conjunto. Sin embargo, como es ya habitual por estos lares, la presidenta del Congreso transmitió con total normalidad al jefe del Estado el resultado de una votación viciada que inocula a la democracia una sustancia letal. A las sospechas sobre la legitimidad de una investidura que exigía, para ser viable, varios asesinatos previos en Ferraz, hay que añadir ahora la tacha de ilegalidad que supone el vicio en la formación de la voluntad de la Cámara que han denunciado las diputadas socialistas.

Lo primero no supone un gran problema para quienes están habituados a trabajar con el material maleable con el que se construye la legitimidad, como bien saben los fontaneros de Génova y Ferraz. Lo segundo, sin embargo, es preocupante. La confesión pública de suplantación de la voluntad en sede parlamentaria asesta una puñalada de muerte a la democracia constitucional e invalida el procedimiento en su integridad. No se trata de aritmética, si contamos todos los votos las cuentas dan para gobernar. El problema es de otra índole: bajo imposición no hay libertad y sin libertad no hay decisión. Hay cosas que no se pueden contar.

Alberto Carrio Sampedro es profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

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