Algunos argumentos para valorar el impacto negativo del TTIP

Bajo la apariencia de un Tratado comercial se esconde un gigantesco acuerdo geoestratégico de carácter neoliberal.

El TTIP va mucho más allá de un acuerdo de carácter comercial para tratar de cimentar el mayor acuerdo geopolítico que asegure la supremacía occidental, ahora en riesgo, y permita que las grandes corporaciones multinacionales establezcan normas económicas, sociales, laborales, ambientales, sindicales y políticas de gran alcance al margen de las instituciones políticas y democráticas. El avance de la economía y del comercio chino está poniendo en riesgo la hegemonía estadounidense. Así, según datos de ATTAC, en el inicio de la crisis global en 2008, EE.UU. se situaba como primer socio comercial en 127 países y China en 70. Hoy día esta relación se ha invertido, de manera que China es el principal socio en 124 mientras que EE.UU. lo es en 76, en un proceso que parece imparable.

La trampa es que se utiliza un supuesto acuerdo comercial para transformar toda la arquitectura y la legislación de los países europeos, bajo la excusa de “eliminar la regulación innecesaria” de la que los países se han dotado a través de sus instituciones democráticas y sus representantes políticos. Esta es una de las claves del TTIP y una de las razones de por qué se mantiene bajo secretismo, al margen de los parlamentos democráticos y alejado de la ciudadanía a la que se niega incluso el derecho a tener información sobre el mismo.

Un Tratado que destruiría empleo debilitando derechos laborales

Diferentes estudios demuestran que el TTIP produciría una destrucción de empleos muy importante en todos los países europeos así como una pérdida anual de ingresos por trabajador, acompañado de un descenso en los ingresos tributarios y del PIB en todos los países miembros. Lo llamativo es que estos datos se desprenden de estudios como el realizado por Jeronim Capaldo, de la Tufts University de Massachusetts, en Estados Unidos. Para ello, Capaldo ha basado sus estudios en el Modelo de Políticas Globales (GPM) de las Naciones Unidas, a diferencia de los estudios econométricos con metodologías contradictorias difundidos por la Comisión Europea, que por el contrario defienden tasas de crecimiento del 0,05% anuales en las economías de los países europeos.

Los datos manejados desde la Universidad de Massachusetts señalan que el TTIP generaría pérdidas netas de exportaciones hasta una década después de ser aprobado, especialmente en las economías del Norte de Europa, de hasta el 2,7% del PIB. También el PIB se contraería alrededor de 0,5 puntos al año, al igual que las rentas de los trabajadores y puestos de trabajo, mientras que se podrían perder hasta 600.000 puestos de trabajo. Por el contrario, Barack Obama habla de la creación de “millones” de puestos de trabajo, mientras que la Comisión Europea los estima en unos 400.000.

Un Tratado que pretende situar a las empresas transnacionales por encima de los Estados

El TTIP plantea que los tribunales ordinarios desaparezcan y sean sustituidos por Tribunales Arbitrales de Derecho Corporativo Global, privados y ajenos a la justicia tradicional. Para ello, se aplicarían cláusulas de protección de inversiones extranjeras (ISDS), con capacidad para reclamar importantes cantidades en concepto de “lucro cesante” pedidos por un inversor a raíz de los obstáculos que se le haya puesto para desarrollar su actividad económica.

Los Estados no podrían defender así el interés general frente a los intereses particulares de las empresas transnacionales, imponiéndose restricciones legales y económicas muy fuertes a los gobiernos para poder exigir que estas empresas se atengan a normativas y principios legales estatales.

Un Tratado que pretende avanzar en la privatización de servicios públicos

Por lo que se ha podido conocer, parece que el TTIP incluirá los servicios públicos como un elemento más sujeto a su mercantilización a través de su privatización mediante estructuras de convergencia regulatoria y de derecho corporativo. Todo ello tendrá una gran influencia en los estados europeos, que de manera desigual han podido construir estados del bienestar así como sistemas sanitarios y educativos públicos de una cierta importancia. Este Tratado facilitará la gestión de estos servicios a favor de grandes empresas transnacionales como un apetitoso negocio más.

Todo ello limitará extraordinariamente la capacidad para continuar avanzando en el desarrollo y la extensión de los servicios públicos. Pero también limitará la posibilidad de avanzar en la extensión de los estados del bienestar y en la prestación de servicios básicos en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos.

Una alianza de los grandes partidos para aprobar en secreto un Tratado del que desconocen su contenido

El 25 de febrero de 2013, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmó durante el debate del Estado de la Nación en el Congreso refiriéndose al TTIP que“España lideraría el apoyo a la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un acuerdo comercial sin precedentes por su alcance económico y demográfico y la complejidad jurídica que plantea”.

Con posterioridad, el 6 de mayo del mismo año, el grupo Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados presentó una moción pidiendo “transparencia en la negociación del TTIP y la convocatoria de un referéndum popular antes de su ratificación por parte del Gobierno de España”, si bien, solo Izquierda Plural votó su moción que fue rechazada por el resto de los grupos del Congreso. Durante el debate de esta moción, otros partidos con representación estatal manifestaron su encendido apoyo a este Tratado. Así, CIU ha señalado que “es un acuerdo ganador-ganador. Fortalece el libre comercio en el mundo libre”, mientras que UPyD ha afirmado que “beneficiará los intercambios de las multinacionales españolas”. Pocas semanas después, el 13 de junio de 2013, el PP junto al PSOE firmaron juntos una Proposición no de Ley relativa al Consejo Europeo del 27 y 28 de junio de 2013 en la que acuerdan “respaldar el mandato de negociación del Consejo a la Comisión para iniciar las negociaciones del Acuerdo Comercial con Estados Unidos (TTIP)”, instando al Gobierno en su punto 6 a “Apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y mutuamente beneficioso”. Incluso el expresidente Aznar ha dado su encendido apoyo al acuerdo, declarando que “el TTIP es la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea sobre la mesa, por no decir la única”.

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