El Canal es socio en Colombia de un inversor investigado por financiar a paramilitares .

Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica, tiene el 35% de Metroagua. Otro 33% lo tiene William Veléz Sierra, al que la Fiscalía colombiana investiga por vínculos con el Bloque Norte.

Foto: Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, visitando instalaciones del Canal de Isabel II en marzo de 2014.

El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, es socio en el municipio colombiano de Santa Marta de un empresario investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. El Canal tiene acciones en 21 empresas latinoamericanas a través de su filial Inassa. Una de esas sociedades es Metroagua SA ESP, que se encarga del abastecimiento y el alcantarillado de la capital del Departamento de Magdalena, prestando servicio a 445.000 habitantes. El Canal tiene el 35,8% de las acciones de Metroagua. El ayuntamiento de la ciudad, otro 28,1%. Y tres empresas locales, otro 33%. Estas últimas pertenecen a William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano.

Un portavoz de la Fiscalía colombiana explica a El Confidencial que la investigación contra Vélez Sierra se halla en una “etapa preliminar, en práctica de pruebas y esperando informes de la policía judicial”. El motivo de la investigación es el vínculo del empresario con grupos paramilitares, en concreto con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo de extrema derecha). Veléz Sierra habría pagado a jefes paramilitares para conseguir la concesión de determinados contratos de recogidas de basuras. Él siempre ha negado en varios medios colombianos su implicación. Vélez Sierra es el dueño de Grupo Ethuss, un conglomerado de empresas del sector eléctrico, los servicios públicos y la construcción. Tres de las compañías de este grupo, Eléctricas de Medellín Ingeniería, Eléctricas de Medellín Comercial y Termotécnica Coindustrial, son socias del Canal en Metroagua.

El grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes que fiscalice todas las empresas sudamericanas del Canal. La diputada Mercedes Gallido interpela este jueves al Ejecutivo sobre qué “política” va a tomar la Comunidad “en relación a la presencia del Canal en América”. Podemos también ha pedido a la Cámara de Cuentas que intervenga. Cifuentes ya ha anunciado su intención de auditar los procesos de compra que el Canal hizo al otro lado del Atlántico bajo los ejecutivos de Esperanza Aguirre primero e Ignacio González después. De hecho, Cifuentes tiene previsto llevar a la Fiscalía toda la información de la que dispone sobre la adquisición que el Canal hizo en noviembre de 2013 de una empresa brasileña, Emissao Engenharia e Construçoes, SA LtdaComo adelantó El Confidencial, el Canal pagó 21,4 millones por esta sociedad, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones, cuatro veces menos.

La Comunidad ha detectado “anomalías” en esta compra y está ultimando un escrito que enviará a la Fiscalía. A Cifuentes no le ha temblado la mano a la hora de poner orden en el Canal. Ordenó la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, ya expresidente de Inassa (de la que depende Metroagua), después de que El Confidencial desvelara que este directivo aparecía en los famosos papeles de Panamá. No es el único. Este diario también reveló que Ramón Navarro Pereira, gerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP (más conocida como la Triple A colombiana), de la que el Canal tiene el 67,9% de las acciones, tenía otra sociedad ‘offshore’ en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

El ayuntamiento se rebela

Los problemas del Canal en Metroagua no acaban con su socio investigado. El Ayuntamiento de Santa Marta, en manos del Movimiento Fuerza Ciudadana, se ha rebelado contra la empresa que gestiona el agua de sus vecinos y de la que tiene el 28% de las acciones. El consistorio ha pedido a la Superintendencia de Sociedades (que depende del Gobierno nacional) que intervenga Metroagua, según han explicado fuentes municipales. El alcalde, Rafael Martínez, ha denunciado públicamente que la junta directiva de la sociedad le excluyó “ilegalmente” este miércoles en la reunión en la que se aprobaron las nuevas tarifas del agua, “muy perjudiciales para los vecinos”.

El ayuntamiento quiere que el contrato de la ciudad con Metroagua, que empezó en 1989 y termina en abril de 2017, no se renueve. Santa Marta, ciudad del Caribe colombiano, es uno de los principales escenarios de negocio de Inassa. No solo gestiona el abastecimiento y alcantarillado a través de Metroagua, sino que también recaudaba los impuestos del municipio a través de R&T (firma de la que el Canal tiene el 80% de las acciones). Este último contrato, que finalizaba en 2022, fue rescindido por el Consistorio el año pasado.

Metroagua gestiona una red de 890 kilómetros en Santa Marta, donde además cuenta con seis depósitos de almacenamiento con capacidad para 19.000 metros cúbicos y 14 estaciones de bombeo. En cuanto al alcantarillado, la empresa participada por el Canal gestiona 685 kilómetros. La compañía tiene 140 empleados.

William de Jesús Vélez Sierra.

William de Jesús Vélez Sierra.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/

Anuncios