Corrupción y Canal de Isabel II

Las noticias sobre corrupción que recientemente han saltado a los medios de comunicación relacionadas con la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, han creado una gran alarma social y nos demuestran la fragilidad del sistema ante este tipo de fenómenos y las dificultades para combatirlo. Según estas noticias, altos o ex altos cargos de la empresa están imputados en dos de las macro operaciones de corrupción abiertas más destacadas en España, como son la Púnica y la Tosca. En la Púnica está imputado su ex presidente Salvador Victoria y en la Tosca el ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección Financiera en Canal Gestión, Gerardo Díaz.

Mientras se instruyen ambos casos y se conoce la magnitud de lo sucedido, desde Canal Gestión se niega todo. Sin embargo son ya cuatro los directivos que se han negado a comparecer ante la Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública que se ha creado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que es un reflejo de la absoluta falta de rendición de cuentas que impera en la empresa. ¿Qué esconden? ¿Por qué eluden dar explicaciones a los ciudadanos como es de obligado cumplimiento en el ejercicio de sus funciones? ¿Qué ha pasado realmente con algunas adjudicaciones de contratos? El del Call Center ha sido anulado por el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad que además ha obligado a que se licite de nuevo. ¿Qué pasa con el contrato de publicidad de Arena Media a través del que supuestamente se pagaba la publicidad institucional de miembros del PP?

Esta situación es indignante y es preciso echar de la vida pública a los corruptos, pero esto no es suficiente. Para erradicar la corrupción es necesario analizar las prácticas que la han favorecido y propiciado y de esto se habla muy poco.

Entre ellas hay que destacar el proceso acelerado de mercantilización y privatización parcial o total de la gestión del Canal de Isabel II y la apropiación de sus recursos. De tal forma que el agua, que es un bien común, sale de la regulación pública para ser administrada conforme a las normas de derecho privado, que permite la parcelación y venta de sus activos, el acceso a los beneficios privados y la discrecionalidad en las actividades económicas y financieras, lo que posibilita un campo favorable a la mala gestión y a la corrupción, donde proliferan empresarios dispuestos a pagar jugosas comisiones si sus intereses se toman en consideración. Como se ha visto en muchos de los casos denunciados, las ilegalidades tienen que ver con las contrataciones a dedo, con la malversación de fondos, con la financiación de actividades políticas o con los propios beneficios personales. Este fenómeno no es nuevo y ha sido muy estudiado, por ejemplo en Francia, siendo una de las razones que han impulsado el masivo proceso de remunicipalización de los servicios del agua que está viviendo nuestro país vecino.

El proceso de privatización del Canal está trufado de episodios de esa índole y la constitución de la sociedad anónima Canal Gestión constituye un hito en la mercantilización y la imposición de los intereses de los futuros accionistas privados, en contra de la calidad del servicio y de los intereses de los ciudadanos. El objetivo es “valorizar” la sociedad anónima para hacerla más apetitosa al capital privado, a través de la generación de dividendos millonarios, aunque sea a costa de poner en peligro la viabilidad del Canal, disminuyendo drásticamente las inversiones, los gastos de personal y manteniendo una deuda exorbitada.
Otro aspecto a destacar es la opacidad con que ha venido funcionando la sociedad anónima desde su creación, ocultado el Contrato Programa, el inventario de bienes y derechos aportados a la sociedad o el capital suscrito. Canal Gestión, amparándose en su condición de sociedad anónima, ha funcionado como una caja negra o una isla de impunidad, ajena al control parlamentario, a la fiscalización de la cámara de cuentas o a la rendición de cuentas a los ciudadanos. Se han blindado los acuerdos de su Consejo de Administración, eliminado en su seno la pluralidad política y la representación de los ayuntamientos y trabajadores. Las decisiones no se toman en el Consejo, sino en el entorno inmediato del presidente de la empresa, que decide en secreto sobre todo tipo de decisiones. Así se gestó una de las decisiones más controvertidas del Canal, la adquisición de la concesión de INALSA (Lanzarote) por la que existe un compromiso de pagar 106 millones de euros en 5 años y de la que la Asamblea de Madrid se enteró por los medios de comunicación. Este tipo de gestión es un marco proclive al oscurantismo, la arbitrariedad y la corrupción.

Finalmente hay que destacar la patrimonialización que del Canal de Isabel II ha hecho el Partido Popular, constituyendo una verdadera fábrica de colocación de los amigos del partido a través de las puertas giratorias o contrataciones directas, confundiendo los intereses generales con los intereses de grupo y presuntamente, a tenor de las investigaciones judiciales, siendo una fuente de financiación fraudulenta de intereses personales.

Por lo tanto, la mayor barrera posible contra la corrupción y a favor de la racionalidad y el buen gobierno, es devolver el Canal a su naturaleza exclusivamente pública y establecer un nuevo modelo de gestión de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, democrático, sostenible, participativo, que haga efectivo el derecho humano al agua y en el que los ayuntamientos tengan capacidad de incidir en la toma de decisiones, lo que implicaría la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, la modificación de la Ley 17/1984 y la promulgación de una Ley que recoja los puntos característicos del nuevo modelo de gestión citado anteriormente. Este es el espíritu que llevó a más de 40 organizaciones sociales y políticas, entre ellas a Podemos, PSOE, IU y UPyD, a firmar, en enero de 2015, el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que los firmantes se comprometieron a defender una vez se celebraran las elecciones Municipales y Autonómicas.
Hoy estas ideas están avanzando a nivel institucional y de la propia sociedad y el ruido mediático de las tramas corruptas y de la situación política española, está haciendo invisible un formidable movimiento regenerador en el ámbito de los municipios de la Comunidad de Madrid contra la privatización del CYII, contra las irregularidades en su gestión actual y a favor del nuevo modelo de gestión establecido en el Acuerdo de enero de 2015. Mociones en este sentido se están votando en un gran número de ayuntamientos (Alcorcón, Carabaña, Fuenlabrada, Madrid, Getafe , Leganés, Móstoles, Parla, Rivas, San Fernando, Las Rozas, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro y un largo etcétera), cuya población supera, en el momento de escribir este artículo, los 4.800.000 habitantes.

Ahora la decisión está en las manos de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, a los que hay que recordar, que no solo es necesario investigar las irregularidades y castigar a los corruptos, sino que es imprescindible establecer nuevos sistemas de gestión pública que supongan un freno a las irregularidades y a las prácticas corruptas y que garantice un servicio eficiente y de calidad del ciclo integral del agua.