La privatización del agua de grifo (PP)

El agua de grifo sigue siendo buena y barata. Viene de los mismos ríos, se embalsa en los mismos pantanos y cruza las mismas tuberías y plantas de tratamiento. Pero la gestión de este proceso, que hasta ahora recaía íntegramente en la Comunidad de Madrid, está abierta ya a la participación de empresas privadas. El Gobierno regional (PP) quiere implantar un modelo de gestión indirecta. En dos años, privatizará el 49%. Por ahora, el recibo sube cada año según la inflación, más un pequeño porcentaje (en 2012, el 0,7%) para mantenimiento.

Pero en los próximos 15 años será necesario invertir 4.000 millones de euros para ajustarse a la normativa europea, según cálculos regionales. Ese dinero debe salir de las arcas públicas o del recibo del agua. En uno u otro caso, del bolsillo del ciudadano, porque la Comunidad ha blindado a la futura empresa semiprivatizada de todos los costes extraordinarios.

Precisamente para sufragar esa inversión, que cuadruplica la deuda del Canal y no está al alcance tampoco de las arcas públicas, el Gobierno regional aprobó en 2008 una ley que dejaba en manos de una sociedad anónima el abastecimiento y saneamiento del agua. A esta sociedad se transfirió el derecho de uso de la red del Canal, que es propiedad de los Ayuntamientos y la Comunidad.

El fin último es privatizar antes de 2015 hasta un 49% de esa sociedad ahora pública. Según la Comunidad, han mostrado interés “17 bancos de inversión; fondos cataríes, chinos, japoneses, surcoreanos; y empresas españolas, como Aguas de Barcelona, y extranjeras”. Con el dinero obtenido de la venta, se sufragaría parte de las obras necesarias para que la sociedad, entonces ya semiprivatizada, pueda ser rentable. El resto tendría que ponerlo la Comunidad o los consumidores.

El contrato por el que se cedió la gestión a la nueva sociedad, al que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé la entrada de capital privado, y admite que la “finalidad” de todo el proceso es “llevar a cabo la gestión indirecta del servicio”. Su duración es de 50 años (improrrogables), para que dé tiempo a cristalizar el cambio de modelo. El Canal ganó 135 millones en 2011, un 10% más que el año anterior. Su deuda es 1.100 millones.

La sociedad puede revisar anualmente las tarifas según la inflación, por lo que la Comunidad estima subidas de entre el 1,7% y el 2,5% hasta 2026. Pero el contrato establece la posibilidad de aumentos adicionales “cuando se produzca un desequilibrio entre las tarifas y los costes por causas no imputables a la gestión”.

Además, cuando el gasto en inversiones sea superior al estimado para mantenimiento y reposición, se podrá recurrir a un aumento adicional de las tarifas. En caso contrario, es decir, si no se repercute en el recibo, deberá asumirlo la Comunidad. La sociedad tiene que presentar antes de junio su plan de infraestructuras para el próximo lustro.

El Canal cede también la tarea de “promover que la política de tarificación lleve a los consumidores a utilizar los recursos de forma eficaz, así como que los diferentes sectores económicos contribuyan a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua, incluidos los costes medioambientales”.

Las previsiones de la sociedad pasan por ingresar 850 millones de euros en 2012, y alrededor de un 3,6% más cada año. Asume el pago de la deuda, que asciende a 1.156 millones. Además, debe abonar 1.965.000 euros al año a la Comunidad; 14.530.000 euros por el canon a los municipios; y 1.285.000 euros por el IVA de autoconsumo del teatro Canal.

La sociedad recibe además las acciones del Canal en otras sociedades, y sus bienes patrimoniales ajenos a la red (pisos y solares, valorados en 670 millones). Se le permite actuar como operador de mercado fuera del ámbito de aplicación del contrato; es decir, por ejemplo, vendiendo agua embotellada, una labor que la Comunidad ya ha iniciado aunque, hasta ahora, solo para uso público. Y explotará la base de datos de clientes del Canal y las áreas recreativas de Valmayor, El Atazar, Islas Filipinas y Buitrago, con posibilidad de ampliarlas.

El mantenimiento se frenará hasta salir a Bolsa.

El Canal de Isabel II firmó en junio de 2012 el contrato para traspasar sus atribuciones a la nueva sociedad bautizada como Canal Gestión SA. En la actualidad, es completamente pública. La Comunidad renunció en mayo a sacar a Bolsa el 49%. “No se dan los precios adecuados”, explicó. Pero no abandonó el proyecto: en lugar de hacerse “antes de ese verano”, se fijó para antes del verano de 2015.

En la nueva sociedad participan 110 de 178 municipios, cada uno de ellos con un porcentaje de acciones proporcional a su población. La capital, por ejemplo, suma el 10%. Los Ayuntamientos totalizan el 17,6%. El resto es de la Comunidad.

La mayoría secundó el plan regional. La necesidad económica aprieta. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid incluyó el posible beneficio, 240 millones, en su presupuesto. El abandono temporal del proyecto chafó esas expectativas, aunque los municipios ya se están beneficiando del reparto de dividendos de la nueva sociedad. Eso, en cualquier caso, significa que los beneficios no revertirían íntegramente en una mejora de las infraestructuras de la red. Ahora, parte se lo quedan los Ayuntamientos. En el futuro, las empresas privadas.

Pero el verdadero negocio es la venta de acciones. Hay dos condiciones fundamentales: que los municipios deben mantener al menos el 30%, y que la operación debe hacerse de forma colectiva; es decir, que nadie puede vender su parte por su cuenta. La tentación es grande: Parla, por ejemplo, con un Ayuntamiento socialista con acuciantes necesidades económicas, podría obtener casi tres millones de euros. Quizá por ello, y pese a la fuerte presión social en contra, la mayoría de Ayuntamientos secundó el plan.

Ladislao Martínez, portavoz de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, asegura que el ente público queda con “una estructura raquítica, de menos de 30 personas”, por lo que es “impensable” que pueda fiscalizar el servicio de la sociedad. Destaca además que ésta podrá vender los bienes inmuebles del Canal para hacer caja. Y, sobre todo, que la revisión de tarifas podrá ir mucho más allá de lo que marca la inflación.

El número dos regional, Salvador Victoria, cree que el nuevo modelo permitirá afrontar las inversiones previstas sin endeudarse más o subir las tarifas. Su plan es ralentizar las obras hasta poder salir a Bolsa, para pagarlas con el dinero de la privatización. En cualquier caso, se compromete a mantener el mismo estándar de calidad y la política tarifaria actual, pese a que el contrato estipula en este último caso lo contrario. “El agua de Madrid va a seguir siendo buena y barata. Es nuestro compromiso”, añade.